La Junta aprobará el modelo de atención a discapacitados por enfermedad mental

Redacción BurgosNoticias 
29/08/2016 - 12:55h.

La importancia de estas directrices radica en que se centrarán tanto en el proceso como en las prestaciones del ámbito social y sanitario, buscarán la continuidad de los servicios integrados, el apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental durante el tiempo que lo precisen y garantizarán la intervención de estas personas en el proceso de elaboración de sus proyectos de vida. Junto a esto,  establecerán una red coordinada de servicios, recursos y programas de atención psiquiátrica, recuperación y soporte social que ayude a estas personas a mantenerse y funcionar en la comunidad del modo más integrado y autónomo posible.

Esto se realizará a través de tres objetivos fundamentales: por un lado, la continuidad de los cuidados integrados; en segundo lugar, en el apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental durante todo el tiempo que lo precisen y la garantía de la intervención de la propia persona con discapacidad por enfermedad mental en el proceso de elaboración de su proyecto de vida, y, el tercero de los grandes objetivos, será el establecimiento de una red coordinada de recursos y programas de atención psiquiátrica, recuperación y soporte social adaptados a las necesidades de cada persona que les ayude a mantenerse y funcionar en la comunidad del modo más integrado y autónomo posible.

El apoyo al empleo como la mejor herramienta de integración

Son varias las líneas de actuación de la Junta en favor del empleo de las personas con discapacidad:

Por un lado a través del apoyo a los itinerarios personalizados de empleo en los que, en 2015, participaron 2.584 personas con discapacidad, lo que posibilitó la celebración de casi 1.200 contratos para su inserción en el mercado laboral; una segunda línea de actuación pasa por la promoción del acceso al empleo público, con la reserva para personas con discapacidad como mínimo del 10 % del total de plazas de la oferta y al menos el 2 % de estas plazas ofertadas a personas con discapacidad intelectual; el tercero es el Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 para las personas más vulnerables, que cuenta con una dotación económica de más de 335 millones de euros y está previsto que beneficie a 109.000 personas, y la aprobación de un nuevo Acuerdo sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación pública, que amplía la reserva de contratos, además de a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción laboral y prioriza en la adjudicación de un contrato la inclusión de proyectos de inserción sociolaboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social.