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La Junta da luz verde a un nuevo impuesto para las centrales nucleares

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Central Nuclear de Santa María de Garoña | Nuclenor
Redacción BurgosNoticias 
21/06/2018 - 20:05h.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley que modifica la vigente normativa reguladora del Impuesto sobre la Afección Medioambiental incorporando una cuarta modalidad, las centrales nucleares. El nuevo texto establece una imposición para gravar el daño al entorno derivado del almacenamiento temporal de los residuos radiactivos depositados en las plantas atómicas asentadas en la Comunidad y precisa que la recaudación obtenida se destinará a financiar inversiones en la zona de influencia de la explotación.

Este nuevo proyecto legislativo supone dar cumplimiento a la resolución adoptada por las Cortes de Castilla y León, en la que se instaba al Gobierno autonómico a tomar diferentes medidas ante el dictamen del entonces Ministerio de Energía, de no renovar la autorización de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. El Parlamento de la Comunidad reclamaba el estudio para la implantación de un tributo medioambiental autonómico con el compromiso de destinar su posible recaudación a este territorio.

Hasta ahora este tributo autonómico gravaba los daños ocasionados al entorno por las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos y las líneas de alta tensión. El texto aprobado ahora amplía el listado de instalaciones a las plantas nucleares ubicadas en Castilla y León. En la exposición de motivos, se argumenta que el empleo de energía de ese tipo para producir electricidad conlleva la inevitable generación de residuos, cuyo impacto ambiental se prolonga tras el cese de la explotación.

El proyecto de ley fija la cuota tributaria en 4.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado. En el caso de Garoña, la aplicación de esta tarifa se traducirá en una recaudación estimada de 10 millones de euros anuales.

Conviene subrayar, además, que el texto recoge expresamente la obligación de dedicar los ingresos procedentes del gravamen a programas de gasto de inversión en la zona de influencia de la central nuclear.

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