El Constitucional ve indicios de ilegalidad en la actual Ley de Caza con que la Junta 'se saltó' a los jueces

La maniobra jurídica y legislativa realizada este año por el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León para mantener la caza en la Comunidad a pesar de una dura paralización ordenada por los jueces, causada por sus propias chapuzas administrativas, acaba de recibir un nuevo y elevado varapalo.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) anunció hoy que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que había sido presentado el pasado mes de junio por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. Esta institución, a instancias de una queja del partido animalista Pacma, le daba la razón en que había indicios de que la modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, la que está ahora mismo en vigor, podría ser inconstitucional. Y el TC da por buenos ahora esos indicios al admitir el recurso.

El Tribunal, como informa en su web, ordena que se dé traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes. En concreto, el Defensor del Pueblo considera que los preceptos impugnados pueden vulnerar lo establecido en un total de cuatro artículos de la Constitución (9.3; 24.1; 45.1, 2 y 3 y 149.1.23).

Ley urgente y sin apenas votos en contra

El Defensor del Pueblo ve motivos de inconstitucionalidad porque esta Ley tendría la intención de eludir el cumplimiento de los autos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Cabe recordar que la nueva Ley se aprobó con inusitada urgencia en víspera electoral en las Cortes con mayoría abrumadora de todos los partidos políticos, con los 'síes' de PP, PSOE, UPL y Ciudadanos, la abstención de Podemos y la ausencia de IU, en una de las últimas decisiones del pasado mandato. Gracias a ello se pudo cazar en esta campaña.

El TSJ había paralizado de forma cautelar en marzo la actividad de la caza en esta Comunidad, tras suspender el decreto autonómico 10/2018 que regulaba las especies que se podían cazar, precisamente por carecer de los estudios científicos y técnicos necesarios, entre otros motivos.

El revuelo del colectivo de cazadores fue mayúsculo, con manifestación en Valladolid incluida, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, juez en excedencia, defendió que se modificaría la Ley de urgencia para bordear esta decisión y que se pudiera seguir cazando, como así ocurrió.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció precisamente esta misma semana en su comparecencia en las Cortes que ya trabajan en una nueva Ley de Caza, y admitió que lo harían sin esperar a que se produzca la primera sentencia firme en la materia.

"Vulnera el derecho de todos los españoles"

El Defensor del Pueblo señala ahora que los preceptos impugnados de esta Ley, que es la que ahora mismo está en vigor, "vulneran el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado y quebranta la distribución de competencias" entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente en general y, específicamente, en materia de conservación de la biodiversidad.

En este sentido, apunta que desde el momento que la legislación de Castilla y León vulnera la normativa básica, está incurriendo en una violación de la competencia estatal y por lo tanto incurre en inconstitucionalidad. Algo en lo que el TC le ha dado en principio la razón, contra los constantes intentos del PP en la Junta de sacar la Ley adelante.

--- patrocinados ---