SANIDAD
La sanidad privada reclama a Sacyl compensaciones del fondo autonómico por la disposición de recursos durante la pandemia
La patronal ASPE espera respuesta de la consejera de Salud a la petición de conversaciones para fijar criterios de compensación por la disposición por el mando sanitario de cuantiosos recursos asistenciales de la sanidad privada.
26/06/2020 - 10:35h.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados de España, viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública, y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral.
El sector se muestra enormemente preocupado ante el riesgo, ya anunciado hace semanas, de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno español a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB. Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos, concursos y cierres de pequeños centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.
Centros sanitarios llenos de personal y vacíos de pacientes
El Gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio de Sanidad, ha comprometido en este tiempo una respuesta que no ha llegado a la solicitud por ASPE de medidas fiscales y financieras para empresas que han vivido en muchos casos una situación extrema: abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral. Ahora, estos centros afrontan, por lo general, la fase de 'nueva normalidad' con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas.
Sin respuesta del Ministerio de Sanidad
El ministro Salvador Illa comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales: compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma.
En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, se ha constatado la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad del Gobierno regional de facilitar ayudas al sector.
En ese sentido, ASPE ha enviado una carta hace semanas a la consejera de Salud de Castilla y León, Verónica Casado, señalando la situación del sector empresarial de provisión sanitaria en la región. En especial, se señala que, aunque no ha habido derivaciones de pacientes de COVID-19 de la sanidad pública a centros sanitarios privados, se puso a disposición del mando sanitario cuantiosos recursos asistenciales durante la pandemia, en especial la cesión de equipamiento como respiradores, que requieren una compensación económica. A ello, se suma la derivación de pacientes no-Covid, utilizando la Consejería a la sanidad privada como circuito paralelo.
Impacto del sector en Castilla y León
El impacto del COVID-19 en el sector sanitario privado en la región castellano y leonesa durante los meses más críticos de la pandemia, marzo y abril, se documenta a través de un estudio realizado por ASPE, a nivel nacional y autonómico. El estudio analiza la actividad y su impacto en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante el mencionado periodo.
El estudio autonómico se realizó sobre una muestra de 8 hospitales generales de la región con incidencia de participación en la COVID-19 y suficientemente representativo para establecer el impacto consecuente en el sector empresarial castellano-leonés.
Estos hospitales privados asumieron solamente el 1% de los pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19 (57) y ninguno de los ingresados en UCI (531) en la región. En actividad ordinaria, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 78%, las urgencias un 73%, las consultas un 84%, los ingresos hospitalarios un 22% y las determinaciones de laboratorio un 42%.
En cuanto a la contratación de personal, a pesar de las dificultades expresadas, el 25% de los centros hospitalarios del estudio contrataron nuevos profesionales durante la crisis.
Los hospitales de la región participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con la COVID-19 por un valor superior a los 955.000 euros. El 13% de las inversiones realizadas corresponde a compra de equipamiento, el 5% a la compra de respiradores, el 1% a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades y el 81% restante a otras inversiones.
El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19 en estos hospitales, se ha incrementado un 491% en marzo-abril respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. Los casos más extremo son los de las mascarillas quirúrgicas y las batas, cuyo precio se ha incrementado un 1.664% y un 1.249%, respectivamente, con respecto al precio existente en diciembre de 2019.