CAZA

La Federación de Caza y la Fundación Artemisan se querellan contra tres jueces del TSJ de Castilla y León por prevaricación

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Foto: Balinera vía Wikipedia

Para estas asociaciones de la caza, los tres magistrados en cuestión "habrían tomado decisiones ajenas al procedimiento judicial con el objetivo de perjudicar al sector cinegético".

Alba Camazón| eldiario.esCyL | 09/07/2020 - 17:18h.

La Federación de Caza y la Fundación Artemisan se querellan contra tres de los cuatro jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, a quienes acusan de un delito de prevaricación judicial después de los numerosos varapalos judiciales de estos magistrados contra la gestión cinegética de Castilla y León.

Ambas organizaciones recurren al Tribunal Supremo después de que el TSJ rechazara un recurso de la Junta y planteara una cuestión de inconstitucionalidad. Ya hace un año, la Federación de Caza empezó a valorar esta posibilidad, que ahora lleva a cabo.

El lobby de los cazadores carga contra la decisión de los jueces de no admitir el desistimiento a un recurso de reposición interpuesto por la letrada de la Comunidad no tuvo sustento jurídico real, sino que se hizo con la finalidad última de poder plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Una cuestión que el TC admitió a mediados de febrero de 2020.

El Alto Tribunal autonómico planteó en noviembre una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley que las Cortes de Castilla y León aprobaron para modificar la anterior Ley de Caza de Castilla y León después de que el TSJ prohibiera de facto la actividad cinegética. En todos estos casos siempre ha habido un magistrado que ha emitido un voto particular que discrepaba de la decisión judicial. Este magistrado, Felipe Fresneda, señaló que ese no era el momento para presentar la cuestión de inconstitucional.

"Se ha forzado su interposición en un momento procesal que no era el adecuado". El voto particular de este magistrado señalaba que debería estimarse el recurso de la Junta, sin aceptar dicho desistimiento. "De ahí que ante la estimación del recurso ninguna aplicación se ha de hacer de la nueva Ley, que queda imprejuzgada en su contenido, al menos en el presente momento procesal que hipotéticamente se formula".

Para estas asociaciones de la caza, los tres magistrados en cuestión "habrían tomado decisiones ajenas al procedimiento judicial con el objetivo de perjudicar al sector cinegético", según han señalado en un comunicado.

La Federación de Caza y la Fundación Artemisan consideran que el desestimiento judicial "no tiene soporte jurídico", por lo que se produjo una "prevaricación judicial de naturaleza procesal manifestada directamente en los autos de inadmisión del desistimiento y por alcance, porque supondría un evidente exceso de jurisdicción" en el auto de 11 de noviembre de 2019 en el que se plantea la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Caza. Para estas organizaciones cinegéticas, esta cuestión " constituye por sí solo un evidente exceso en el ejercicio de la jurisdicción en la medida en que el desistimiento previo constituía una causa impeditiva para dictarlo".

"Las decisiones jurisdiccionales de las que discrepamos arrollan el derecho procesal con una finalidad de anteponer su voluntad a la estricta aplicación de  la norma procesal, constituyendo ello, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la esencia del delito de prevaricación judicial, que en este caso no solo resulta consumado sino, incluso, agotado", apunta la querella.

Actualmente, la Consejería de Fomento -dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones- está elaborando una nueva ley de caza que, inicialmente, proponía -entre otras medidas- la caza de jabalíes y ciervos con hasta 40 centímetros de nieve. El anteproyecto de la Ley de Caza recibió 162 alegaciones de: colectivos y entidades como asociaciones de caza; la Federación de Caza y la Federación de galgos, asociaciones ecologistas, grupos conservacionistas y animalistas, colegios profesionales, asociaciones de turismo activo y alojamientos rurales, federación de montañismo y deportes de escalada, asociaciones profesionales agrarias, asociación profesional de guardas jurados, asociaciones micológicas, así como la Federación Regional de Municipios y Provincias, numerosos ayuntamientos y juntas vecinales

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