COMUNIDAD

Castilla y León presenta los presupuestos más ambiciosos de su historia, con más de 12.000 millones, pero destina solo el 5% a inversión real

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Gastos contemplados en el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León JCYL

En el proyecto, que tendrá que pasar por las Cortes, no se han incluido los fondos de la UE, por lo son ampliables.

Laura Cornejo (eldiarioCyL) | 26/11/2020 - 19:22h.

Como un "escudo social y económico contra la pandemia" y un proyecto "ambicioso" y "expansivo" ha definido los futuros Presupuestos Generales de la Comunidad el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este jueves. En 2021 la Junta prevé un gasto de 12.291 millones de euros, un 13% más que en 2018. Sin embargo, la inversión real será de 672 millones de euros, tan sólo un 5% del presupuesto. Una cantidad que, según el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que eleva esa inversión hasta los 1.600 millones por las transferencias de capital a administraciones locales y provinciales, no es baja y corresponde a un gobierno "prestador de servicios".

El borrador del proyecto llegará a las Cortes este viernes y se iniciará así la tramitación parlamentaria para que esté aprobado a principios de año. Será en ese momento cuando el resto de grupos políticos (PSOE y Grupo Mixto) podrán "enriquecer" las cuentas planificadas por PP y Ciudadanos.

El proyecto de Presupuestos es el primero que elabora el Gobierno de coalición y tras dos prórrogas consecutivas. Son, según Fernández Mañueco, "los más elevados de la historia de la Comunidad" para combatir la pandemia y que siguen la línea para cumplir los grandes objetivos de la comunidad: acabar con la brecha digital, el desarrollo rural, el reto demográfico, el reto verde, la transparencia, la calidad de los servicios públicos y la nueva economía.

El presidente ha destacado que el reto demográfico "inspira todas las políticas" del Gobierno autonómico y que el proyecto de los Presupuestos cumple con el Pacto de la Recuperación que se firmó en junio. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se ha referido a unos presupuestos "responsables" elaborados bajo unas previsiones que apuntan a una caída del PIB del 10% este año, y un repunte en 2021 del 7,5%.

Las cuentas autonómicas para 2021 son ampliables, puesto que aún no incorporan los fondos europeos de Nueva Generación previstos en el Plan de Recuperación de la UE, cuyo reparto entre comunidades autónomas determinará el Gobierno de España y se han elaborado en un "escenario macroeconómico complicado", con n alto grado de incertidumbre, condicionado por la evolución de la pandemia y por las decisiones que se tomen en el ámbito nacional e internacional.

Según ha explicado el presidente se prevé una recuperación progresiva de la actividad económica en 2021 que, si bien no logrará alcanzar el nivel perdido en este año, empujará el Producto Interior Bruto (PIB) a un crecimiento del 7,5 %, frente al 7,2 % estimado para la economía española. Las previsiones indican que el empleo crecerá el 2,8 % y la tasa de paro se situará en el 13,9 %, tres puntos por debajo de la media española. La deuda pública en la Comunidad alcanzará el 23,7 % del PIB, 2,3 puntos inferior a la media de España. La Junta se marca como objetivo que el impacto de la recesión en Castilla y León sea menos grave que en el conjunto del país.

El análisis del estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2021 revela que el 60,1 % de los fondos que lo nutren proceden del modelo de financiación autonómica. Son 7.392,6 millones de euros, una cuantía que, pese a ser el 14 % mayor que en las últimas cuentas aprobadas, es más insuficiente que nunca para atender el gasto de los servicios públicos fundamentales, disparado como consecuencia de la crisis sanitaria. En este apartado cabe resaltar el incremento del 14,9 % previsto en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la práctica congelación en la asociada al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En segundo término figuran los ingresos por los tributos propios, de gestión autonómica, que aportan 703 millones, el 5,7 % del total. En unos momentos tan complicados como los actuales, las cuentas propuestas por la Junta garantizan una política fiscal favorable a la recuperación económica y el empleo.

No habrá subida de impuestos general ni se elimina aún el impuesto de sucesiones

Fernández Mañueco ha asegurado que en Castilla y León no habrá subida de impuestos ni a familias, ni a autónomos, ni a pymes, y que se mantienen los beneficios fiscales vigentes para ahorrar 336,37 millones de euros a más de 155.000 familias, especialmente a través de las deducciones sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Una de las principales novedades reguladas en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas –también aprobado este jueves– es el establecimiento de dos nuevas deducciones dirigidas a las personas y a las empresas que desarrollan su actividad en el medio rural. Por un lado, se rebaja el 25 % el tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para el traspaso de negocios en el mundo rural –dejándolo en el 3 %–, en referencia a la titularidad de inmuebles que constituyan la sede social o centro de trabajo de empresas. Por otra parte, se fija una bonificación del 95 % sobre la tasa ganadera por servicios veterinarios.

En la tarta global de ingresos, otra porción relevante es la de las transferencias del Estado y de la UE, que se incrementan el 7 % hasta sumar 2.239,6 millones de euros y aportan el 18,2 % del total. La partida más significativa es la de la Política Agraria Común (PAC), que se mantiene inalterada en 924,4 millones de euros.

En último lugar, las operaciones financieras inyectan casi 1.956,2 millones de euros, el 16 % del total de ingresos. Esta partida crece el 29,5 % como consecuencia del nuevo endeudamiento, acorde al objetivo de déficit del 1,1 %, y a la deuda de reposición.

Dentro de los 12.291,4 millones de euros del proyecto presupuestario, el análisis sobre el estado de gastos arroja tres cifras reseñables. La primera, 1.311,1 millones de euros, es el montante de las operaciones financieras, que se refieren fundamentalmente a la amortización de deuda.

La segunda asciende a 10.980,2 millones de euros y refleja el gasto no financiero, es decir, la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta. Sin embargo, no todos estos recursos estarán a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (239,2 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (33,7 millones de euros).

La operación anterior da como resultado casi 9.783 millones de euros, la tercera cifra y la más relevante. Es el dinero efectivo que van a manejar las consejerías del Gobierno autonómico en 2021 para ejecutar sus políticas. Esta cantidad es un 17,3 % superior, en términos homogéneos, a la del último presupuesto aprobado, lo que en números absolutos implica disponer de 1.441 millones de euros adicionales.

Un gasto social equivalente al 13,5 % de la riqueza autonómica

Sanidad, Educación y Familia aglutinan casi el 80% del gasto no financiero de las consejerías. Juntas gestionarán 7.806,2 millones de euros el próximo ejercicio, el 18,16% más que en 2018 (lo que equivale a 1.200 millones de euros adicionales).Los recursos asignados a estas tres consejerías representan el 13,5 % de la riqueza autonómica.

El mayor esfuerzo se concentra en la Consejería de Sanidad. Este departamento dispondrá de 4.365 millones de euros, el 21,6 % más, para hacer frente a la pandemia y garantizar la mejor calidad asistencial. La Consejería de Educación dispondrá de 2.359,8 millones de euros (sube el 14,6 %) y la de Familia e Igualdad de Oportunidades contará con 1.081,27 millones (con un incremento del 12,6 %).

Las tres áreas sociales del Gobierno de la Comunidad absorben el 88 % del total de los gastos de personal y el 95 % de los gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo con el que se atienden, entre otras facturas, las derivadas del funcionamiento de hospitales, colegios públicos y centros de servicios sociales. De igual modo, Sanidad, Educación y Familia acaparan el 95 % del montante de las transferencias corrientes, con las que se hace frente a los gastos de farmacia hospitalaria, de la dependencia y de colegios concertados y universidades.

Los presupuestos consignan más de 800 millones de euros para garantizar la atención social con un incremento medio del 20 % en el gasto para estas políticas. Este aumento se eleva al 65 % en los programas dirigidos a apoyar a las familias y al 25 % en el caso de los orientadas a las mujeres.

El apoyo al tejido productivo se concreta en casi 123 millones de euros en ayudas directas, más de 32 en apoyos financieros y 15 en suelo industrial, que gestionará la Consejería de Economía y Hacienda con 376,5 millones de presupuesto. Para dinamizar el mercado laboral se destinan 345,46 millones, con un crecimiento del 11,15%, una cuantía que administrará la Consejería de Empleo e Industria y que le permitirá cumplir los compromisos adquiridos con el Diálogo Social, como el Plan de Choque por el Empleo.

Las cuentas de la Junta para 2021 reservan 296 millones de euros para ejecutar políticas de ciencia y tecnología, unos créditos que crecen el 24 % y cuyo peso supera el 3 % del gasto no financiero de las consejerías. Destaca el avance del 75 % en los fondos destinados a la innovación, al tiempo que se hace un especial esfuerzo en las inversiones en telecomunicaciones –con cinco millones consignados para la extensión de la banda ancha en las zonas rurales– y en la sociedad de la información en la enseñanza, destinándose más de 15 millones a esta finalidad.

Atención al medio rural y natural

La atención al medio rural también ocupa un lugar preferente en el proyecto aprobado hoy. Al sector agrario se destinan 1.419,45 millones de euros, incluyendo la PAC, si bien el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural – que se eleva a 524,2 millones– crece más del 10 % descontando los fondos europeos.

Asimismo, la hoja de ruta de la Junta para este mandato apuesta por el medio ambiente. La dotación para estos programas se incrementa el 21%, un esfuerzo que se multiplica por más de dos si se atiende a las inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua. De su ejecución se encargará Fomento y Medio Ambiente, que gestionará 540,8 millones.

Relacionado con lo anterior, las cuentas propuestas por el Ejecutivo autonómico para el próximo ejercicio son coherentes con el compromiso de reforzar la cooperación con el mundo local. Los recursos destinados al Plan de Cooperación Local suponen 346,29 millones de euros, lo que implica un incremento del 20,17 % respecto a los anteriores presupuestos.

La coordinación con las entidades locales es responsabilidad de la Consejería de la Presidencia, la que más ve crecer su presupuesto; concretamente lo hace el 28 % hasta los 141,1 millones. Por su parte, a Cultura y Turismo le corresponden 140,7 millones y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior contará con 20,2 millones.

La política industrial de la Junta se diseña con el reto de contribuir a la vertebración de la Comunidad mediante el aprovechamiento de las potencialidades de cada zona a través de los programas territoriales. En este sentido, se habilitan créditos para continuar con el desarrollo de los planes vigentes –Béjar, Benavente y Ávila–, mediante inversiones infraestructuras y apoyos financieros a las empresas. A las iniciativas anteriores hay que añadir el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria –con 40 actuaciones previstas por valor de 19,36 millones de euros– y las actuaciones para la reactivación de las zonas mineras, con 22 proyectos en marcha que suponen 15,2 millones de euros.

Congelación de los sueldos del Gobierno

El análisis del Proyecto de Presupuestos desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto lleva a detenerse en tres capítulos. En primer lugar, el capítulo 1 o de Personal consigna 4.214,1 millones de euros, el 14,5 % más para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, conforme a la normativa básica dictada por el Gobierno de España. Este aumento en la nómina no será de aplicación ni al presidente de Castilla y León ni al resto de miembros de su Ejecutivo, que la verán congelada.

En segundo término, las operaciones de capital retoman el pulso para ejercer de palanca de la reactivación de la economía. Se incrementan el 17,8 % hasta los 1.595,4 millones, de los que 674,8 millones serán inversiones reales (capítulo 6) y 920,5 transferencias de capital (capítulo 7).

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