La nueva Ley de Residencias de Castilla y León mantendrá las ratios prepandemia y no medicalizará los centros

La nueva Ley de Residencias de Castilla y León ya está sometida a información pública. Esto significa que colectivos e individuos tienen hasta el 19 de mayo para alegar y proponer cambios en el Anteproyecto de la Junta de Castilla y León, que mantendrá las ratios prepandemia y no medicalizará los centros. El Anteproyecto de Ley no toca las ratios de trabajadores y ancianos de las 700 residencias de ancianos y los supedita a los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia. Eso sí, garantiza que la dotación de profesionales será "proporcional a las necesidades" del centro residencial y apuesta por el modelo de Atención Centrada en la Persona. Este no es el documento definitivo, puesto que después se deberá trabajar con las alegaciones de patronal, sindicatos y organizaciones y faltan todavía más trámites internos antes de presentarse el Proyecto, que deberá ser luego debatido en las Cortes de Castilla y León.

El Anteproyecto de Ley contempla la posibilidad de subcontratar el personal técnico (director y gestor de caso) y el de servicios generales (limpieza, lavandería, cocina, seguridad, administración), aunque la dotación deberá ser "proporcional". La atención sanitaria seguirá dependiendo de los médicos de Atención Primaria, porque la residencia será considerado el domicilio de los pacientes, aunque habrá un profesional de enlace que coordine "los planes de apoyo al proyecto de vida" del residente y la atención sanitaria. Sanidad deberá regular en qué centros y con qué profesionales sanitarios contarán las residencias, así como su gestión y financiación.

En junio de 2020, la consejera de Familia, Isabel Blanco, planteaba en una comisión la posibilidad de que la asistencia sanitaria fuera responsabilidad de las residencias privadas, mientras que la de las públicas sí podría ser prestada por los recursos de la sanidad pública.

Los sindicatos han pedido en numerosas ocasiones un incremento de las profesionales sociosanitarias para poder atender mejor a los usuarios que viven en las residencias de Castilla y León. El Procurador del Común también ha defendido este déficit, que se ha visibilizado aún más con la pandemia: "La respuesta a la Covid-19 puso de manifiesto la falta de dotación, capacidad y asistencia de las personas mayores residenciadas"

Las ratios se fijaron en 2001 en función de las personas con mayor o menor grado de dependencia: una trabajadora de atención directa por cada 17 personas válidas, otra por cada diez personas asistidas de grado I y una por cada cinco personas asistidas de grado II. Por las noches, hay una gerocultora por cada 60 usuarios.

Este decreto también se establece que los médicos deben dedicar una hora diaria a una residencia de hasta 25 usuarios, que se incrementa proporcionalmente; dos horas diarias de una enfermera por cada 25 pacientes -y una hora más por cada 8 usuarios-.

Los centros también deben contar con un trabajador social (tres horas y media diarias si la residencia tiene 75 usuarios o más), un terapeuta ocupacional (cinco horas semanales si hay menos de 50 usuarios, dos horas diarias entre 50 y 100 usuarios y cuatro horas diarias si hay más de 100 ancianos) y un fisioterapeuta (cinco horas semanales si hay menos de 50 usuarios, dos horas diarias entre 50 y 100 usuarios y cuatro horas diarias si hay más de 100 ancianos).

Sujeciones de forma "excepcional y temporal"

La autodeterminación, la intervención basada en apoyos, proyecto de vida o calidad de vida, "deben prevalecer" sobre los cuidados asistenciales, según el enfoque que aplica la Junta de Castilla y León. Los cuidados asistenciales se reconocen como "necesarios", pero pasan de ser un objetivo "indiscutible" a ser elementos "sometidos a la autodeterminación" de los usuarios. Se fomentarán los afectos y las relaciones personales, el bienestar emocional, la inclusión social, el desarrollo personal y las expectativas y deseos de las personas mayores usuarias de los centros de atención social.

Cada residente tendrá su propio plan personal de apoyo a su proyecto de vida, que será "uno de los ejes del nuevo modelo de atención", que también se vertebrará sobre el derecho a recibir unos cuidados libres de sujeciones físicas o farmacológicas. Su uso tendrá será "excepcional y temporal" y solo se acordará cuando se haya constatado "el fracaso de otras medidas alternativas".

Según propone la Junta de Castilla y León, la sujeción exigirá una supervisión facultativa, una comunicación al Ministerio Fiscal, el consentimiento informado sobre los tipos y tiempos de aplicación de la sujeción y el formato para su constancia documental. Las residencias también deberán prever un protocolo documental específico para aquellos casos en los que exista riesgo de integridad del residente, sus cuidadores o de terceros y no se puedan respetar las consideraciones contempladas en el apartado anterior, siempre con un consentimiento informado. Si nadie firma, esto implica el rechazo a la sujeción, y se asumirán determinados riesgos que "no eximen al centro de la diligencia necesaria para una atención de calidad".

La comunicación entre residencias y la Gerencia de Servicios Sociales deberá ser más fluida: las residencias deben informar sobre el número de personas que están sometidas a sujeción y el tipo en cada caso, así como el profesional responsable de la prescripción y la temporalización prevista de la acción.

La Consejería de Familia no permitirá la sujeción "por motivos disciplinarios o por razones de conveniencia" para la residencia y destaca que estas sujeciones no pueden implicar "que la persona sea sometida a aislamiento o marginada".

Mayor transparencia y control

Las residencias cuya financiación pública autonómica suponga más de un 50%, deberán ser más transparentes y publicar en sus páginas web las cuentas anuales de los últimos cinco años, desglosar el dinero público recibido por administración y finalidad. Este tipo de residencias podrán acordar la realización de auditorías externas para "garantizar el buen uso y aplicación de los fondos públicos".

Las residencias estarán más controladas por la Junta de Castilla y León: deberán someterse "periódicamente" a una evaluación que mida los servicios y que verifique el respeto de todos los derechos de los usuarios. El informe de la evaluación será anual y de conocimiento público.

Todos los centros residenciales estarán obligados a facilitar tanto el acceso al centro y a la información necesaria para poder aplicar los estándares e indicadores de calidad de vida, que incluirán el respeto a la dignidad y libre elección, la adaptación "permanente" de los planes de apoyo individuales, los cuidados personales y apoyos para la vida cotidiana.

Para implementar mejores instrumentos técnicos, se constituirá un comité que actúe como "órgano asesor y de impulso" de la mejora de la calidad. Estará integrado por representantes de las diferentes áreas de esta materia y representantes cualificados de la sociedad civil y de las empresas. Si el centro suspende esta evaluación, tendrá un año para corregir sus deficiencias, y en ese momento podrán ser de nuevo examinadas.

Castilla y León tampoco modificará las sanciones económicas que acompañan a las infracciones. Sin embargo, sí se publicarán en el portal de Transparencia durante tres meses las infracciones leves, seis meses las graves y un año las muy graves.

Ante una emergencia sanitaria, más personal, EPIs y comunicación

La pandemia ha golpeado duramente a las residencias, donde vive la población más vulnerable de toda la sociedad. Una vez entraba el virus, fue casi imposible contenerlo ante el desconocimiento y la falta de equipos de protección. Familia quiere evitar que se repitan estos errores, por eso, solo en estos casos, se deberá aumentar las ratios de tal forma que todos los usuarios, sean o no dependientes, deberán computar como dependientes para aumentar el número de gerocultoras que les atiendan.

En estas ocasiones, deberán garantizar la existencia del material y equipos de protección individual para trabajadores y residentes durante cinco semanas como mínimo. También se podrá acordar un refuerzo de la actividad habitual de supervisión, inspección y control, la atribución de funciones inspectoras a personal funcionario.

Las residencias deben tener un plan de contingencia por si es necesario, para "prevenir y dar una respuesta urgente" ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública. La Junta obligará a los centros residenciales a facilitar información diaria a los familiares "sobre todo lo relacionado con la salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés de la persona usuaria". En esta situación de pandemia, deberán informar también sobre la situación general del centro, el porcentaje de personas usuarias afectadas por la situación y los recursos disponibles para hacer frente a la situación de crisis.

Familia también quiere blindar por ley la comunicación entre los ancianos y sus familias. Los centros residenciales deberán prestar o dar teléfonos o tabletas para permitir que se comuniquen con otros residentes del centro o con familiares o amigos ajenos a la residencia.

Análisis del Procurador del Común

El Procurador del Común lamenta las "carencias y deficiencias" detectadas en su informe sobre las residencias -que ha criticado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea-. "Debemos defender que las personas más vulnerables deben ser la prioridad, siendo recomendable un sistema fundamentado en su protección, con estrategias proactivas que reduzcan la mortalidad y prevengan la infección, sin olvidar la calidad de vida y el bienestar físico y psicológico", ha apostado el defensor del pueblo autonómico.

El Procurador del Común reclama que se adopten medidas en la atención de las personas mayores, "mejorando los servicios sociales y sanitarios" ante cualquier otra crisis sanitaria venidera. "No puede permitirse que se produzcan situaciones inhumanas e indignas, el mantenimiento de personas enfermas y críticas en los centros sin atención médica adecuada, sin priorizar las derivaciones de las contagiadas a los hospitales o a recursos alternativos viables y sin contemplar al residente como centro de cualquier medida a adoptar en función de sus necesidades", afea.

El Procurador del Común ha reclamado que las "dificultades y errores" producidos en las residencias de mayores no vuelvan a producirse. "No pueden existir pretextos o motivos que justifiquen escenarios parecidos a los vividos, debiendo proporcionarse los medios necesarios para luchar de forma eficiente contra la Covid-19, limitando al máximo los contagios y fallecimientos".

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