PANDEMIA
Castilla y León contará con Policía Nacional y Guardia Civil para vigilar cuarentenas aleatoriamente y "de manera telefónica o presencial"
El presidente de la Junta y el delegado del Gobierno firman un protocolo "que empieza hoy" pero en cuya configuración "se va a trabajar".
21/09/2020 - 17:20h.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, han firmado hoy un protocolo de colaboración para vigilar el cumplimento de los aislamientos y cuarentenas con Policía Nacional y Guardia Civil. Lo harán "aleatoriamente" y "de forma telefónica o presencial", según ha reconocido Izquierdo. Ni el delegado del Gobierno en Castilla y León, ni el presidente de la Comunidad han podido precisar cuántos efectivos se van a destinar a esa tarea que se compaginará con los cometidos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si bien se va a empezar a trabajar en ello para diseñar cómo se llevarán a cabo los controles. Ambos han descartado pedir la colaboración del Ejército, que ya colabora con rastreadores, algo "más que suficiente".
En el protocolo, que empieza a funcionar, según Fernández Mañueco, "desde el momento en que se firma", la Junta se compromete a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra la Covid-19. Por su parte, la Delegación del Gobierno apoyará al personal inspector y miembros de las policías locales, así como en la incoación de las denuncias por eventuales infracciones. Con esta medida para controlar a las personas cuarentenadas "se refuerza la seguridad de todos los ciudadanos" y "se impulsan cauces de comunicación más ágiles, que favorecerán la aplicación de las medidas sanitarias mediante respuestas más inmediatas y efectivas" y todo ello para garantizar el cumplimiento que hasta ahora no ha acatado "una pequeña minoría" de los afectados.
Fernández Mañueco ha insistido en que en la lucha contra el virus no deben existir ni fronteras ni colores políticos y que "todos somos responsables de la salud de todos".
En este sentido, ha recordado que las Comunidades autónomas, como prestadoras de los servicios públicos fundamentales, se sitúan en la primera línea de la lucha contra esta pandemia y que la Junta de Castilla y León lleva "desde el principio trabajando sin descaso, con medidas sanitarias, sociales y también económicas, para atenuar los efectos de esta crisis y propiciar la recuperación".
Para ello, ha afirmado, es necesario la implicación de todos y especialmente de todas las instituciones y administraciones públicas en sus distintos niveles, colaboración en la que precisamente se enmarca el Protocolo firmado este lunes. El presidente ha mostrado también su "solidaridad" con la Comunidad de Madrid y ha admitido que "a nadie le gusta tomar decisiones restrictivas" pero que la ,protección de la vida y la salud de las personas "están beneficiando a toda España". También ha indicado que hay que "desterrar" los criterios políticos", porque las medidas que tome Madrid "van a beneficiar también a Castilla y León y se toman con "criterios sanitarios".
El delegado del Gobierno ha subrayado el trabajo intenso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "desde el minuto uno hasta el fin del estado de alarma, en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas sanitarias", garantizando la observancia y el respeto por parte de la ciudadanía de la normativa autonómica que dictaba la Junta de Castilla y León, y denunciando en caso contrario.
El protocolo "reconoce jurídicamente la toma de decisiones desde el punto de vista útil, y establece los cauces a través de los cuales se pone en práctica la labor de los uniformados del Estado en la Comunidad Autónoma". El objetivo, ha dicho, de este documento, es permitir la instrumentalización, en el día a día, de cómo colaborarán la Policía Nacional y la Guardia Civil garantizando que quienes deban estar confinados a consecuencia de pruebas COVID positivas, así como sus contactos, cumplan con el confinamiento, de modo que quienes no lo hagan, sean objeto de expediente administrativo y, en última instancia, de orden judicial.