La Consejería de Sanidad ha publicado esta madrugada, pasado el plazo de entrada en vigor, el acuerdo con las nuevas restricciones para intentar poner freno a la gran subida de la tercera ola, que es menos duro que el de noviembre. Detallamos qué se puede hacer y qué vuelve a estar prohibido, entre críticas de los sectores más afectados.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado la extensión del cierre del interior de la hostelería en todas las provincias, además del cierre de grandes superficies comerciales, instalaciones deportivas, centros deportivos, actividades de restauración en el interior de los establecimientos, así como de establecimientos y locales de juegos y apuestas. Estas restricciones han entrado en vigor este mismo miércoles y se mantendrán, por lo menos, hasta las 23.59 horas del martes 26 de enero de 2021.
El informe de la Consejería de Sanidad que figura en el Bocyl pone de manifiesto "la negativa evolución" de la situación epidemiológica en la Comunidad y la situación de "riesgo extremo", con transmisión comunitaria "no controlada y sostenida", que "excede las capacidades del sistema sanitario". Ante esta situación, la Junta ve "indispensable" volver a limitar el ocio en todas las provincias y no solo en Ávila, Segovia y Palencia, como inicialmente decretó la Junta -sus restricciones comenzaron el 10 de enero-.
Concretamente, estas limitaciones consisten en la suspensión de la apertura al público de centros comerciales y grandes superficies de 2.500 metros cuadrados o más (salvo servicios básicos), instalaciones deportivas convencionales, centros deportivos -no habrá público-, actividades de restauración en el interior de la hostelería -solo se permitirá la terraza al aire libre, vetando también las 'peceras' de forma implícita, que se consideran espacios interiores, así como de establecimientos y locales de juegos y apuestas.
Algunos representantes políticos, como el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, han mostrado su rechazo a esta orden de la Junta de Castilla y León, puesto que aplica las mismas restricciones a provincias como Valladolid y Burgos, aunque la incidencia de esta última sea inferior a la de la primera -la incidencia en Burgos capital es de 323 casos por cada 100.000 habitantes-.
La incidencia acumulada semanal se ha disparado, con la mayor velocidad de subida de España y una I.A. cinco veces superior a la de la semana de Navidad; además, se puede que desde el 1 de enero se ha iniciado en nuestra Comunidad la tercera onda pandémica.
Por ello la propuesta del comité de crisis es que toda la Comunidad pase de esta forma a este estadio agravado frente a la pandemia, sumándose las provincias de Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora a esta situación ya vigente en Ávila, Palencia y Segovia.
La Junta responde así a los últimos informes sanitarios y de la evolución de los indicadores pandémicos en Castilla y León, que expresan una situación de riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida de la infección por SARS-CoV-2 que excede las capacidades del sistema sanitario.
La adopción de restricciones conllevará beneficios a corto, medio y largo plazo, tales como la limitación de contagios y de hospitalizaciones en plata y UCI, descenso de la mortalidad, reducción de la paralización de recursos sanitarios, afectaciones a la gestión de las listas de espera de otras patologías,...
Estas medidas extraordinarias y su puesta en marcha tienen su fundamentación normativa en el Acuerdo 76/2020, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria en Castilla y León y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad.
Su entrada en vigor se ha establecido para las 00:00 h del próximo miércoles, 13 de enero y el período de vigencia inicialmente establecido es de catorce días, hasta las 23:59 h del 26 de enero, si bien la Consejería de Sanidad evaluará de forma continua la situación sanitaria con el fin de garantizar la adecuación de las medidas vigentes a la evolución de los indicadores epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser aquellas mantenidas, modificadas o levantadas en función de su evolución.
La adopción de medidas extraordinarias supone un reforzamiento de las iniciativas para la prevención y contención pandémica indicadas en el nivel 4 de alarma sanitaria, con especial atención al control de aforos y de la movilidad y actividad social en sectores en los que se observa una mayor interacción relacionada con nuevos brotes y contagios y sobre los que la Administración autonómica sí dispone de capacidad competencial reguladora.
Estas acciones ahora aprobadas de agravamiento del nivel 4 ante la actual situación por la COVID-19 en la Comunidad se centran en:
Además de estas condiciones y de aquellas otras que de una forma más específica y sectorial se recogen en el Acuerdo 76/2020, la Junta recuerda la necesidad de mantener comportamientos individuales responsables y preventivos: uso obligatorio de la mascarilla, lavado frecuente de manos, mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad y la limitación a un máximo de seis personas en reuniones familiares y sociales.
La Comunidad asimismo mantiene, en el marco temporal establecido por el Real 926/2020, la limitación indefinida de la entrada y la salida de personas del territorio castellano y leonés, con las excepciones indicadas en los correspondientes Acuerdos de la Presidencia de la Junta, así como el toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
Los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con medidas sanitarias preventivas establecidas para la contención de la pandemia, pudiendo, en todo caso, ser sancionados los incumplimientos, de conformidad con el Decreto-Ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
El seguimiento y control de las intervenciones que supone el paso al nivel 4 de alerta sanitaria por la COVID-19 en la Comunidad se desarrollará en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), correspondiéndoles a las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes, según el régimen de distribución competencial previsto, la vigilancia, inspección y control de su cumplimiento.
Asimismo la Junta de Castilla y León recabará la cooperación y colaboración de la Delegación del Gobierno, de las subdelegaciones y de los ayuntamientos castellanos y leoneses para el control y aplicación de las medidas adoptadas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales.
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