El Procurador del Común solicita que se mejoren las condiciones sanitarias de la ayuda a domicilio

En la resolución, recientemente remitida a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, como resultado de una actuación de oficio promovida por el Procurador del Común, se parte tanto de la realidad que afecta a las personas mayores, usuarias del servicio, como de la propia de las auxiliares de ayuda a domicilio, dado que unas y otras son personas en situación de especial vulnerabilidad ante cualquier infección y, especialmente en estos tiempos, a la Covid-19. Las primeras por su edad avanzada y las normales patologías inherentes a la edad, y las segundas por su exposición, debido al contacto estrecho con los usuarios del servicio -que además residen en diferentes domicilios y normalmente mantienen contactos con familiares y allegados-, por lo que los propios trabajadores pueden convertirse, además, en un vector transmisor del virus.

Es por ello que desde marzo se cuenta con un Documento Técnico de Recomendaciones de Actuación desde los Servicios Sociales de Atención Domiciliaria ante la crisis por Covid-19, aplicables en todo el país, recomendaciones desarrolladas en el ámbito de Castilla y León por la Administración autonómica mediante una serie de indicaciones referidas al Servicio de Ayuda a Domicilio.

No obstante, considerando que tanto las personas que reciben el servicio como las que lo prestan –normalmente mujeres que rotan por varios domicilios- están sometidas a un riesgo diario, resulta de la mayor importancia extremar las medidas de protección y seguridad que eviten el contagio y la transmisión a las personas a las que cuidan o a miembros de su entorno, en estos momentos de forma especial de la Covid-19, por lo que parece oportuno establecer estrategias particulares e individualizadas para el sector de trabajadoras de los servicios comunitarios mediante la elaboración de un protocolo de actuación diseñado para proteger tanto a las personas mayores usuarias del servicio como a quienes los cuidan en sus domicilios. En la línea de las pautas de actuación de que ya disponen algunas otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, Aragón, Galicia, País Vasco o Madrid, que se han dotado de guías de actuación o protocolos, en los que se contienen, por ejemplo, medidas preventivas y de protección para el colectivo que presta el servicio, relativas a la higiene personal, la limpieza del domicilio, el manejo de ropa y objetos o a la gestión de residuos; de prevención y protección individual en relación con la atención que se ha de dispensar a personas con Covid-19 en sus domicilios; medidas a considerar en la organización de la prestación del servicio por parte de las empresas del sector, la formación de los trabajadores para la aplicación de las medidas preventivas, etc.

Por todo ello, Tomás Quintana pide a la Administración de Castilla y León que elabore, de forma coordinada con todos los agentes implicados en el ámbito sociosanitario, un Protocolo único, común y específico para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León (como herramienta diferente y complementaria de las recomendaciones generales existentes), en el que se establezcan las pautas específicas de actuación y las medidas de prevención concretas para el desarrollo de la actividad en el entorno actual de la crisis sanitaria e, incluso, que sirva para el futuro una vez que las condiciones sanitarias hayan mejorado, sobre la base de la experiencia adquirida, mediante la modulación de las medidas que contemple el protocolo que se apruebe para adaptarlas a una situación de normalidad.

Además, se insta a que dicho protocolo se remita a todas las administraciones prestadoras del SAD, mediante gestión directa o indirecta, para su aplicación en todo el territorio de esta Comunidad, velando por su efectivo cumplimiento.

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