La Cultura de Castilla y León pide financiación y trabajo para mantener más de 1.000 empleos

Artesa es una asociación profesional de empresas de teatro y danza compuesta por las principales compañías de Castilla y León. Como representante del sector cultural su presidente, Tomás Martín, ha querido destacar los principales problemas que están atravesando y que afectan a más de 100 empresas y 1.000 trabajadores.

Define el pasado año 2020 como "catastrófico", pero desde que comenzó el Estado de Alarma, hace casi un año, llegó el "desastre". A partir de entonces hubo que suspender funciones y reprogramar otras, y cree que han sufrido más "incluso" que hostelería, a los que "también les ha caído buena".

Pronosticaron que siendo los primeros en cerrar serían los últimos en abrir, y asegura que se está avanzando en esa dirección. Arrastran los problemas del 2020, pero ahora sin esperanza o empatía por parte de las administraciones. Reconoce estar "asustados" porque 2021 se pinta negro, con indecisión y sin compromisos.

La raíz del problema son los pueblos, que fueron grandes valedores de la Cultura de Castilla y León, pero que ahora tienen un coste demasiado alto para abrir los locales. No sucede así, comenta, en el Teatro Principal de Burgos, que tiene un apoyo detrás.

De seguir como hasta ahora, calcula que "no hay perspectiva de trabajo hasta septiembre". Todo esto depende del fino hilo de la vuelta a escena de "algo parecido a la normalidad".

Reconoce que están hastiados por el desfallecimiento de la empatía de los Gobiernos, que han olvidado aquello de "no dejar a nadie atrás". El sector cultural necesita planes, ayudas urgentes para seguir llevando comida a casa, lamenta que si antes ya estaban desprotegidos, ahora aún más.

Solo piden financiación y trabajo, y en ambas cuestiones la Junta de Castilla y León está suspendida. Explica que los beneficios habituales del sector cultural no son muy elevados, no tienen mucho "músculo financiero", y por esto mismo les es casi imposible aguantar más tiempo sin ayudas directas o funciones.

En esta línea, el acuerdo económico entre Junta y Artesa, el más "lucido", tiene un periodo de vigencia de 18 meses, que ahora caduca el 31 de septiembre, pero al publicarse este pasado martes, 23 de febrero, no llegarán las ayudas hasta verano. Para subvencionar actividades que se realizan desde abril de 2020.

A esta subvención tardía hay que sumar los pactos COVID, donde se presupuestan ocho millones para diferentes áreas y donde la Cultura recibe 800.000 euros. Tomás Martín está seguro de que la mayoría de este importe de millones ha ido a parar al deporte, y lamenta que se abandone a su suerte al teatro y otras variantes culturales, entregándoles una ayuda máxima de 2.000 euros. Además, critica que no se hayan vuelto a convocar ayudas de esta índole, y espera que dentro de poco hagan "algo  más".

Hasta aquí los problemas de financiación, pero lo cierto es que están pasando por el filo de un cuchillo en lo que respecta a la programación. Antes de que la COVID abriera todos los informativos, Artesa reivindicaba que, por ejemplo, la normativa de circuitos escénicos se rigiera por criterios más técnicos. El motivo es evitar trampas y dinero negro, ya que actualmente al mezclar en un mismo espacio actividad ameteur y profesional es fácil engañar para evitar costes propios de las compañías expertas.

A esto se le suman errores en la programación, ya que para 2021, cuando esperaban un cambio de actitud, se empezó tarde y se limitaron a reprogramar citas suspendidas. "El año está perdido hasta abril porque antes no se van a atrever a contratar". Sin embargo, a pesar de esto, hay un "aumento significativo" en el número de funciones, en años anteriores la media por compañía era de 2'68 actuaciones, ahora se eleva hasta 3'80.

Desde Artesa piden a los representantes y programadores de teatros que apueste por el producto local. Este año solicitaron que el dinero que la Junta dispone para contratar se dedicase exclusivamente, y de forma excepcional, a contratar compañías de Castilla y León.

Sobre esta cuestión debatieron a través de mensajería privada con el consejero, pero a la hora de la verdad, los programadores de la Red de Teatros chantajearon a los representantes al renunciar a su labor si se obligaba a contratar únicamente a profesionales de la Comunidad. Así lo desarrolla el presidente de Artesa.

Sobre esta situación, comenta que si se apuesta por el producto extranjero es difícil salir a flote. Esperan de la Junta diálogo, para poner solución al problema que ha llegado "al tope", y que dejen de lado a los que, según Tomás Martín, tienen el verdadero control político, los programadores. Si van a destinar 700.000 euros a 'Escena Patrimonio', basándose en un proyecto "desastre" y quitándoles 250.000€ prometidos con "la disculpa de la pandemia", cree que deberían escuchar sus propuestas, para mejorar este proyecto y la situación de la Cultura en general.

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