"Ofensiva política" del PP por el nuevo mapa de transporte público que "deja a 14.000 burgaleses sin servicio"

Los motivos que llevan al Central a eliminar estas casi 80 paradas parecen ser la "eficiencia" o su escaso uso, según remacha el presidente provincial del PP, Borja Suárez. No obstante, le parece incongruente ya que los 14.000 usuarios de este servicio no son una cifra nada desdeñable, por lo que "no se entiende" esta supresión.

Desde el principal grupo de la oposición consideran que se "bombardea los servicios" y creen que Burgos debe estar en contra el nuevo mapa de transporte y debe defender los intereses del medio rural. Suárez critica que "mientras por un lado hablan de despoblación, por el otro llevan a cabo este documento que lastra los servicios de la provincia", lo que tilda de despropósito.

Ante esto, tanto en Diputación como en Cortes llevarán una proposición que tratará de poner sobre las cuerdas al PSOE provincial y regional. A través de mociones y una PNL esperan impedir que se lleve a término.

En esta línea, el procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Emilio Berzosa, destaca la reducción de concesiones de 79 a 22, las rutas de 966 a 512 y sus respectivas paradas de 12 a 6, o una cuestión "sangrante" como la reducción de municipios de 1.912 a 495.

El popular ha leído los criterios que marcan el documento, tales como "tránsitos interautonómicos, conexiones a través de capitales de provincia para fomentar el ave y transporte aéreo, rutas de menos de 700 km o paradas con menos de 200 pasajeros", olvidándose de la rentabilidad social, asegura el procurador.

Un "ataque sin precedentes" para la supervivencia de la España Vaciada, ya que "deliberadamente" se eliminan recursos vitales como el desplazamiento y por ende el acceso a la administración o sanidad, un problema que rebotaría en las administraciones autonómicas que, según el viceportavoz popular en las Cortes, Angel Ibáñez, en el caso de la de Castilla y León no podría hacerse cargo.

Es por ello que piden que el Ejecutivo se siente con las comunidades autónomas y retire este documento "infumable" para comenzar un nuevo proceso consensuado.

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