El PP habla de "ilegalidad y corrupción" en la instalación de Zonas de Bajas Emisiones

Esto es porque no hay ordenanza para determinar qué calles se adscriben y cuáles no, pero lo peor es que no hay tiempo para hacerlo, ha lamentado Blasco. A este respecto, ha afirmado que falta un Estudio de Seguridad, todo "para no sobrepasar los tres millones de euros y que la oposición no pudiera acudir al TARCyL". Ante esto, presentaron un recurso de reposición que no fue respondido, por lo que solo quedaba la vía del contencioso-administrativo.

El Plan al que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde no se pude aprobar porque no hay Estudio de Seguridad y Salud, con su respectivo presupuesto que debe incorporarse al montante global. Tampoco se saben los requisitos o coste total para la implantación de la ZBE, ha recriminado la popular.

No se va a poder pagar o certificar porque no existe ese documento para poder justificar, ha insistido. La única salida es sacar partido del "pelotazo tecnológico (...) o poner en riesgo la salud de los trabajadores porque no se puede certificar". Por todo ello, Blasco se pregunta donde están lo sindicatos, los controles municipales o la comisión antifraude de Fondos Europeos.

Blasco asegura que será incansable porque no va a permitir "pelotazos" en sus narices, así que presentarán un recurso extraordinario de revisión, una herramienta que se usa cuando faltan documentos (error de hecho), ya que está la documentación del estudio de Seguridad y Salud.

Este recurso tendrá que responderse en un máximo de tres meses por el Equipo de Gobierno, para saber si están o no estos documentos.

De no contestarse, el PP acudirá a la vía judicial, al contencioso-administrativo, para frenarlo, así como ponerlo en conocimiento del Ministerio correspondiente por fraude de subvenciones, para que "tomen cartas en el asunto".

La Zona de Bajas Emisiones "llega tarde" y muy difícilmente estará en 2023. Blasco ha acusado al PSOE y Cs de haber esperado a la subvención para comenzar a estudiar su implantación.

La portavoz del PP de Burgos ha explicado que se podría haber ideado con la creación de una ordenanza con una única zona, el transporte público gratuito o la creación de tasas dinámicas en la ORA, que dependiendo de las emisiones subirían o bajarían los precios.

Respuesta del Equipo de Gobierno

Desde el Equipo de Gobierno no han querido valorar el anuncio del Grupo Popular de presentar un recurso extraordinario de revisión por considerar que se ha incurrido en una "ilegalidad" en la tramitación del expediente de Zonas de Bajas Emisiones. Han preferido esperar a conocer su contenido.

La portavoz municipal, Nuria Barrio, ha recordado que no es la primera vez que el PP presenta un recurso de estas características, y se ha remitido a la evaluación que se hará del mismo por parte de los técnicos. Al respecto, ha acusado a los populares de hacer una oposición técnica y no política, antes de recordar que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones está regulada por ley para ciudades de más de 50.000 habitantes.

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