La Asociación para la memoria histórica denunciará por prevaricación a Santonja por tratar de proteger la pirámide italiana

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunciará por prevaricación al Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (VOX), si trata de llevar a cabo cualquier tipo de protección de la pirámide fascista dedicada al ejército italiano de Mussolini, que celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista y no comienza a desmontarlo y a tramitar la desaparición de un monumento cuyo único destino es humillar a las víctimas de la dictadura franquista y festejar los crímenes del fascismo en la Europa de mediados del siglo XX según denuncian a través de una nota de prensa

Si el Gobierno de Castilla y León no cumple con el deber de retirar ese monumento, como dictan la Ley de Memoria Histórica y cualquier principio que debe sostener alguien que haya aprobado primero de básica de democracia y derechos humanos, el colectivo que inició en España la exhumación científica de desaparecidos por la represión franquista llevará a cabo acciones judiciales con el objetivo de garantizar la retirada. La ARMH reclamará a Fiscalía General del Estado la apertura de un proceso que termine con la prevaricación administrativa del consejero, Gonzalo Santonja (VOX), y de quienes lo están llevando a cabo y, conscientes de lo que dicta una ley del Estado, pretenden proteger un monumento que exalta el golpe de Estado de 1936 y las victoria de tres ejércitos fascistas en el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en España con la intervención de los ejércitos de Mussolini y de Hitler apoyando a los fascistas españoles.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, "querer mantener homenajes a un ejército fascista que colaboró en el derrocamiento de un Gobierno legítimo y ayudó a instaurar una terrible dictadura no cabe en el marco de una democracia porque no se puede blanquear el fascismo y difundir ningún mensaje desde ninguna institución que le diga a la sociedad que el fascismo fue bueno para la sociedad". Y añade: "Que el consejero tome esa medida, consciente de que hay dos leyes estatales que se lo impiden, supone una prevaricación administrativa de manual y debe sancionarse judicialmente con la inhabilitación del responsable y la instauración de la legalidad que debe comenzar con la detallada documentación de la pirámide y su posterior derribo. Esos monumentos agreden a las víctimas de la dictadura y tratan de humillarlas y como cualquier otra víctima de hechos violentos deben ser protegidas por las instituciones".