El sindicato mayoritario de escuela concertada ataca las críticas del resto y pide que se cumpla la Ley

burgosnoticias.com|ileon.com
25/05/2016 - 08:30h.

Las críticas vertidas por la Junta de Personal Docente no Universitario a raíz de ciertos escándalos, como el cobro de dudosa legalidad a las familias en los colegios concertados, han provocado la airada reacción de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), la organización mayoritaria en el sector de la enseñanza privada y concertada con una representatividad en Castilla y León, porque considera que atacar a la escuela 'concertada' -privada que recibe dinero público- no es la vía de solución de los problemas educativos y estima que las manifestaciones de dicha Junta "dejan al margen el artículo 27 de la Constitución, que ampara la libertad de enseñanza, el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa de acuerdo con sus propias convicciones y la libertad de creación de centros docentes".

Colegios concertados.|ileon.com

Así lo manifiesta su secretario autonómico, José Francisco Bernardos Gil, en un comunicado en el que explica que a su juicio "atacar abiertamente a un sistema educativo, la concertada, con la única intención de confundir a la opinión pública y a los padres para que no elijan los centros concertados, es atacar a sus profesionales, máxime cuando se trata de organizaciones sindicales como UGT o CCOO con representatividad en la enseñanza concertada de nuestra Comunidad".

A FSIE no le ha gustado que el resto de centrales sindicales hayan pedido públicamente que "las comisiones de escolarización supervisen de manera real y efectiva todo el proceso de escolarización" o la "no renovación de conciertos", y no le ha gustado porque estima que eso "supone el descrédito y la descalificación gratuita de los integrantes de esas comisiones constituidas al amparo de la Ley, integradas por administración educativa (Junta de Castilla y León), patronales, padres, sindicatos; comisiones en las que ellos están presentes y en las que sistemáticamente callan" los posibles problemas que puedan surgir.

Para Bernardos Gil, "atacar sistemáticamente a la escuela concertada, dejando al margen los verdaderos problemas como la disminución progresiva de alumnos tanto en centros públicos como concertados, no es la vía de solución" y defiende en el comunicado que "ante los supuestos incumplimientos la Ley es la única garantía".

"Señalar -como lo hizo la Junta de Personal Docente no Universitario- que 'el establecimiento de medidas urgentes que permitan acabar con esta vergüenza educativa y social' no solo es un insulto directo a instituciones, padres y trabajadores de los centros concertados, sino que demuestra que el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, brilla por su ausencia en los integrantes de la Junta de Personal Docente no Universitario que actúan en representación de las organizaciones sindicales a las que representan", concluye la nota.