El Grupo Provincial Socialista ha presentado las dos mociones que elevarán al Pleno de este viernes 26 de abril de la Diputación Provincial
El diputado socialista, Javier Lezcano ha explicado la primera proposición, la cual consiste en 'Instar a la Diputación Provincial a modificar los requisitos de la convocatoria de Planes Provinciales 2024-2025 que resultan lesivos para los ayuntamientos'.
En la explicación de motivos, Lezcano ha señalado que, al margen de la reducción del presupuesto que sufrirán los municipios en cuanto a Planes Provinciales, en el apartado de generalidades y gasto corriente, "sólo serán elegibles para justificar los gastos realizados desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024, únicamente 11 meses", lo que supone una disminución de los plazos para este trámite con respecto a los 16 meses que señalaba la convocatoria de 2023.
Este condicionante impedirá a muchos ayuntamientos disponer de gasto corriente para justificar en plazo, además implicará que el pago del 40% de este gasto corriente, el correspondiente a la anualidad de 2025, no lo recibirán hasta el mes de abril o mayo de 2026.
Asimismo, solicitan que se permita el cambio de inversión, al menos en aquellos ayuntamientos que hayan sido beneficiarios en las convocatorias de caminos rurales, ciclo del agua, y patrimonio, y también lo hayan solicitado en Planes Provinciales, permitiéndoles así destinar la ayuda de Planes a otra inversión, evitando que estos ayuntamientos puedan perder oportunidades.
Lezcano ha señalado que según recogen las bases "una vez aprobado definitivamente el plan para el bienio 2024-2025, ningún ayuntamiento podrá unir o diversificar obras con distinta tipología". Esto dificulta la previsión y la respuesta ante posibles contingencias a los ayuntamientos al no poder incluir modificaciones en dos años.
Por otro lado, desde el PSOE, instarán a la Diputación a mostrar su apoyo al trazado del TAV (Tren de Alta Velocidad) y su conexión con Miranda de Ebro en la línea Burgos – Vitoria, como está previsto por el Ministerio de Transportes, así como el rechazo del texto de la moción aprobada por el Partido Popular, EH Bildu y Podemos el pasado 16 de abril en las Juntas Generales de Álava.