Las especies exóticas adquiridas como mascotas están desamparadas por la legislación en España, donde se debate una nueva Ley de Bienestar Animal. Mientras esta iniciativa se discute en el Congreso, en países como México, las asociaciones luchan por mejorar una regulación de fauna silvestre todavía deficiente ante la alta corrupción y el tráfico ilegal.
El pasado noviembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) rescataba de la casa de un particular a Kenya, una pantera nebulosa de siete meses, otro de los tantos ejemplares exóticos que en España se tienen como animales de compañía. "A pesar de que no son adecuados para ser mantenidos como mascotas, en nuestro país se permite la tenencia privada de la inmensa mayoría de ellos", señala Marta Merchán, responsable de Políticas Públicas en la filial española de AAP (Animal Advocacy and Protection), institución de la que depende el centro de rescate Primadomus, que se ha hecho cargo del panterino, catalogado como vulnerable.
"Este caso no es anecdótico, sino uno más de los tantos que recibimos cada año y que pone en evidencia la desprotección en la que se encuentran los animales exóticos", asegura Merchán. La organización para la que trabaja es un centro de protección para mamíferos exóticos y cuenta con dos sedes, una en Países Bajos y otra en Alicante (España), la cual brinda refugio y rehabilitación a primates y grandes felinos incautados.
En España cualquiera puede coleccionar animales exóticos siempre que se sigan los requisitos administrativos pertinentes, "algo nada difícil de conseguir en la mayoría de los casos", asegura la responsable de Políticas Públicas en el país, a la espera de que salga adelante la Ley de Bienestar Animal que incluye los Listados Positivos, una herramienta que protegería a ejemplares como los grandes félidos.
Esta normativa, todavía en trámite parlamentario, podría suponer un punto de inflexión en la protección integral de animales como Kenya, uno de los felinos grandes más raros que existen y del que solo quedan 4.500 individuos en libertad en el mundo.
El propietario deberá aclarar la procedencia de esta pantera decomisada, que constata las fatales consecuencias de la moda de tener animales exóticos como mascotas.
"Gran parte de la fauna incautada pertenece a especies no domesticadas; en cautividad no pueden satisfacer sus necesidades básicas a nivel fisiológico, tampoco de comportamiento y socialización. Y, aunque existen algunas leyes que regulan su tráfico, son insuficientes en cuanto a tendencia, como pasa como el acuerdo CITES", señala Merchán.
Un problema internacional que necesita soluciones globales
De carácter internacional, este convenio intenta controlar el comercio de animales amenazados a través de tres apéndices, siendo el primero el más restrictivo al incluir las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro. "No obstante, no prohíbe la tenencia de animales salvajes, solo regula el comercio de aquellos que han sido directamente extraídos de la naturaleza. Si el ejemplar se ha criado en cautividad podrá ser vendido con la documentación pertinente", aclara la integrante del centro de rescate donde se encuentra bajo resguardo Kenya.
CITES no protege a este animal si el propietario enseña un permiso de tenencia. "Más allá de la regulación del comercio para la conservación de especies, esta normativa no toma en consideración el bienestar animal y es muy fácil que cualquier pueda tener un ejemplar como esta pantera tan singular", agrega.
"En el caso de México todavía estamos mucho peor que en España. Vamos más atrasados en cuestiones de protección y bienestar de la fauna y los grandes gatos se trafican mucho", expone Daen Morales, abogado experto en derecho ambiental y animal y vicepresidente de Biofutura, una asociación que además de llevar acciones para proteger la biodiversidad, lucha por defender los derechos de los animales. "Nosotros utilizamos CITES como herramienta para proteger algunos animales endémicos que leyes oficiales no contemplan", explica el experto, cuya asociación cuenta con un departamento jurídico desde el que se hace capacitación a jueces y autoridades.
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