El Pleno del Ayuntamiento ha desestimado aprobar de forma definitiva la Modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible con la finalidad de implantar la Zona de Bajas Emisiones, con los votos a favor del Equipo de Gobierno y el respaldo del grupo socialista.
Este punto ha dado un giro total, a raíz del conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Burgos que declaraba nulo el contrato de implantación de la Zona de Bajas Emisiones que fue desarrollado por el anterior Equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos, y que fue recurrido por la entonces portavoz del grupo Popular, Carolina Blasco y que ahora le da la razón.
Antes de conocer esta sentencia, la intención del Pleno era aprobar la modificación de la Ordenanza y elaborar un nuevo proyecto, pero ahora el fallo judicial lo ha cambiado todo y PP y Vox han votado en contra de la modificación de la Ordenanza.
De este modo, a partir de ahora el Equipo de Gobierno ya trabaja en la elaboración de una nueva Ordenanza, para posteriormente elaborar un nuevo proyecto de Zona de Bajas Emisiones por lo que pedirá una ampliación del plazo al Ministerio para poder aplicarla más allá de 31 de diciembre de 2024.
En este sentido, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa ha indicado que esta sentencia con la que no están de acuerdo, pero que la acatan, no discute el proyecto sino su tramitación. Ha pedido al bipartito PP-Vox que aprueben la modificación de la Ordenanza, respeten el proyecto actual e inicien un nuevo expediente de contratación para poder salvar los 7 millones de euros de Fondos Europeos.
La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala ha recordado que la sentencia que anula el contrato de la Zona de Bajas Emisiones ha cambado todo el planteamiento, antes de añadir que renuncian a recurrir el fallo judicial porque "sería una temeridad". Asimismo, le ha recordado a De la Rosa que se ha llegado a esta situación debido a la gestión del anterior Equipo de Gobierno, y ha anunciado que será necesario elaborar una nueva Ordenanza de Movilidad e intentar salvar los Fondos Europeos.
El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores también se ha significado en este sentido, calificando como una temeridad recurrir y seguir adelante en este asunto. "Sería enrocarnos", ha asegurado.
Por su parte, la portavoz del grupo Popular, Andrea Ballesteros ha asegurado que todo este planteamiento ha sido "una chapuza del anterior alcalde, Daniel de la Rosa al prescindir de todo procedimiento administrativo", algo que venía demandando el PP cuando estaba en la oposición.
Asimismo, ha recordado que la sentencia ha condenado a costas al Ayuntamiento y que todos los burgaleses deberán pagar la parte del proyecto que realizó la empresa y que ahora se ha anulado. "La ordenanza es un traje a medida de un contrato nulo y no tiene sentido aprobar un ordenanza para un contrato que no es válido".
Tras volver a insistir De la Rosa que su grupo no prevaricó ni se saltó la ley, y apelar el concejal socialista, Julio César Arnáiz, a la carencia sobrevenida de objeto recurriendo la sentencia, "ya que cuestiona que se haya aprobado un proyecto sin ordenanza", la alcaldesa Cristina Ayala ha hecho un llamamiento "a tirar todos del carro" para que la ciudad no pierda los siete millones de Fondos Europeos.
"El equipo de Gobierno ya está trabajando con los técnicos para elaborar una nueva Ordenanza de Movilidad, un nuevo proyecto al tiempo que pediremos al Ministerio que alargue el plazo para hacer efectiva la Zona de Bajas Emisiones", ha adelantado.
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