Con fecha 15 de diciembre de 2020, el Letrado Consistorial, titular de la Asesoría Jurídica ha emitido informe desfavorable para que se pague directamente a la Fundación al considerar que "se patrocinaría al patrocinador de la actividad patrocinada".
Dice el Letrado que "esta Asesoría Jurídica no cuestiona que a la actividad se le atribuye un importante potencial de promoción" y argumenta en su informe que la entidad con la que el Ayuntamiento pretende celebrar el contrato de patrocinio no es Unipublic, S.A.U., titular en exclusiva de los derechos sobre la Vuelta Ciclista a España, sino que es la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021. De esta forma, la ayuda económica se abonaría a la Fundación para que esta celebre un contrato, también de patrocinio con Unipublic, para patrocinar la salida oficial de la Vuelta Ciclista a España 2021, es decir, "se patrocinaría al patrocinador de la actividad patrocinada".
Esta cita del asesor jurídico nos recuerda a la célebre frase de los hermanos Marx: "la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte".
Volviendo al tema del que estamos informando, si tal cosa sucede, dice la Asesoría Jurídica "sería colocar un tercero (la Fundación) a modo de medio propio de la Administración, lo que Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 no es".
El asesor jurídico advierte que "la publicidad se proporcionaría a la Fundación, no al Ayuntamiento de Burgos. Así, el retorno publicitario al Ayuntamiento sería solo indirecto, por mediación".
Señala también que "el patrocinio comportaría un fraccionamiento no justificado, aunque tampoco fraudulento".
Finaliza afirmando que "el informe es desfavorable".
Recordar que el Ayuntamiento de Burgos se comprometió a aportar por la salida de la Vuelta Ciclista a España 2021 desde el interior de la catedral, 257.125 euros, correspondiendo a diciembre de 2020 el primer pago por la cantidad de 102.850 euros. Ahora pese a este informe desfavorable del Letrado Consistorial, Titular de la Asesoría Jurídica, así como otros en idéntico sentido de la Intervención General Municipal, este jueves 4 de febrero la Junta de Gobierno del Consistorio ha aprobado dicho pago.
Al respecto, Izquierda Unida ha puesto el tema en manos de la Fiscalía por si considera que hay un delito de prevaricación de los diez integrantes de dicha Junta de Gobierno Municipal.
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