La Oficina Municipal de Información al Consumidor está en peligro. El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha dicho tener crispación a este respecto, por la dejadez de la Junta de Castilla y León, institución competente de la OMIC.
Para ilustrar este hecho, ha detallado que en junio de 2020 le pidieron por escrito acometer dos actuaciones urgentes: definir y concretar la competencia y colaboración de los Ayuntamientos y retomar las subvenciones de la Junta, interrumpidas en 2011.
El primer edil de Burgos ha lamentado que no obtuvieran respuesta, y por ello, en julio de 2021 remitieron borradores de los documentos y las bases para recuperar esta convocatoria de ayudas para el mantenimiento de las oficinas.Tampoco recibieron respuesta.
La contestación llegó el pasado 5 de enero, tras un tercer intento del Ayuntamiento con fecha 19 de noviembre de 2021. El director general de Consumo decía al Consistorio que no estaba en sus planes hacerse cargo del mantenimiento. También se detallaba que "una vez se disponga de presupuestos" en 2022 se estudiaría la vuelta de las subvenciones, no obstante, tras la convocatoria de elecciones adelantadas en la región no hay cuentas y por tanto, no se pondrá solución a corto plazo.
Esto podría llevar consigo la desaparición de la oficina, que podría estar en riesgo de cierre, al igual que ya ha ocurrido en Palencia y Valladolid.
En Burgos, esto afecta a cuatro trabajadores municipales y a los subcontratados (con un gasto extra de 250.000 euros de contrato) de la empresa Gabiteco que llevan la mayor parte de atención al público. Además, en sus 38 años de funcionamiento se han atendido a más de 700.000 personas.
Por su parte, la concejala de Consumo, Lola Ovejero, ha lamentado el "no a todo", hecho que achaca a inclinaciones políticas y no a económicas y dice no conocer los "motivos reales".
En contraposición, la OMIC de Burgos ha recibido casi 100.000 euros del ministerio, una de las mayores subvenciones, por encima incluso de algunas autonomías.
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