El presidente del Ejecutivo autonómico y los rectores de las instituciones universitarias públicas de la Comunidad han suscrito hoy un protocolo de colaboración para desarrollar un Plan de Inversiones, hasta el año 2031, que contempla 43 millones de euros para infraestructuras de la Universidad de Salamanca, 43 millones para la de Valladolid, 19,5 millones para la de León y otros 19,5 millones para la Universidad de Burgos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado hoy un protocolo de colaboración con los rectores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad para la dotación de un plan extraordinario de nuevas inversiones destinadas a la implantación y mejora de sus titulaciones universitarias oficiales, hasta el año 2031, por un importe total de 125 millones de euros.
En total se destinarán 19,5 millones a la Universidad de Burgos para el nuevo edificio de su Facultad de Medicina.
El protocolo permitirá destinar 43 millones de euros a la Universidad de Salamanca para la nueva Facultad de Veterinaria, un nuevo edificio deportivo y multiusos en el campus de Ávila y la ampliación de dotaciones en los campus de Zamora. A esto hay que sumar la construcción de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en el campus de Béjar, con una partida adicional de 600.000 euros dentro del Plan Territorial de Fomento de Béjar.
Dentro de este acuerdo, Fernández Mañueco ha avanzado que otros 43 millones se invertirán en la Universidad de Valladolid, en concreto para la nueva Facultad de Farmacia, la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina, la tercera fase del campus de Segovia, la ampliación de Ingenierías Agrarias en el campus de Palencia y otras instalaciones para Ciencias de la Salud en el campus de Soria.
Asimismo, 19,5 millones de euros se asignarán a la Universidad de León para el nuevo edificio de la Facultad de Medicina. A esta cantidad hay que añadir los 5 millones adicionales ya previstos para el nuevo edificio de policlínica ubicado en el campus de Ponferrada, con cargo al Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.
La distribución de estos fondos se realiza de acuerdo con los criterios del sistema de financiación universitaria de Castilla y León, teniendo en cuenta las necesidades de inversión, la voluntad compartida de implantar un nuevo grado en cada caso, y el tamaño y el número de alumnos y de campus.
Según este acuerdo serán las propias universidades las que programarán las obras y llevarán a cabo las licitaciones, partiendo de una planificación conjunta y en cooperación entre las instituciones universitarias y la Junta de Castilla y León.
Máxima calidad y excelencia
Durante su intervención, Fernández Mañueco ha señalado que se trata de un importante esfuerzo inversor para impulsar infraestructuras que harán aún más atractivas a las universidades públicas de Castilla y León, especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Salud, y ha reiterado el apoyo del Gobierno autonómico para garantizar la máxima calidad y excelencia universitaria en todo el territorio.
Además, el presidente ha subrayado que, en la presente legislatura, Castilla y León ha incrementado de forma clara el atractivo de su sistema universitario y avanza con el objetivo de situarse entre las tres mejores comunidades autónomas de España en diversos indicadores de políticas públicas. En este sentido, ha apuntado que la Comunidad es actualmente la segunda con mayor capacidad para atraer estudiantes de grado y la tercera en estudiantes de máster, así como la tercera más destacada del país en retención de talento, según la Fundación COTEC.
Fernández Mañueco ha subrayado el respaldo del Gobierno de Castilla y León a los nuevos grados de gran atractivo y demanda, como el de Medicina en las universidades de Burgos y León, entre otros ejemplos.
Finalmente, ha precisado que este plan extraordinario de 125 millones de euros es adicional a la inversión habitual de la Junta en infraestructuras universitarias, que asciende a unos 11 millones de euros anuales, y que se unen a otras mejoras impulsadas por el Ejecutivo autonómico en materia universitaria como la bajada de tasas, el incremento de las becas y el impulso a los campus territoriales.
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