REGIONAL
El PSOE niega la autoría de la Ley de Publicidad Institucional pese a votarla con Vox y promete explicaciones “cuando sea pertinente”
El PSOE interpreta que la Ley de Publicidad Institucional —que ya está en vigor— no se puede aplicar hasta que no esté su desarrollo reglamentario, que debe elaborar la Junta de Castilla y León, que la Junta considera un "ataque a la libertad de prensa"
29/10/2025 - 18:09h.
La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León pactada por PSOE y Vox —que ya han recurrido 25 medios de comunicación— sigue generando polémica por sus consecuencias en el sector. Mientras tanto el PSOE niega la autoría de la normativa pese a pactar varios artículos con el partido de extrema derecha y asegura que aclararán algunas cuestiones que se detectaron en la aprobación y a las que se comprometieron el pasado mes de julio, pero sin fecha.
"Nos habíamos comprometido a clarificar lo del 33% para que solo sea de la Junta de Castilla y León y así lo haremos cuando nosotros consideremos pertinente", ha aseverado ante los medios la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que ha advertido que los partidos no marcan su estrategia "porque haya ningún tipo de presión o de amenaza". "Cuando surgen esas cosas suelen tener el efecto contrario, pero nos comprometimos y así lo haremos", ha insinuado.
Rubio ha mostrado su "respeto" a la reclamación judicial de los medios de comunicación a esta norma, puesto que entienden que la Ley de Publicidad Institucional contraviene varios supuestos de inconstitucionalidad. El Consejo Consultivo de Castilla y León advertía en un dictamen de la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica, ya que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.
La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, niega haber pactado con Vox la Ley de Publicidad Institucional. Hace unos meses y durante la negociación parlamentaria, Rubio defendió la posibilidad de negociar con Vox porque ambos consideraban que la Ley no era "ideológica" y se trataba de un "acuerdo técnico". Finalmente, esta norma fue aprobada con el respaldo del PSOE, Vox, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea (Grupo Mixto). Los seis de UPL-Soria Ya se abstuvieron, y votaron en contra el PP, Por Ávila y los dos exprocuradores de Vox, no adscritos.
El PSOE interpreta que la Ley de Publicidad Institucional —que ya está en vigor— no se puede aplicar hasta que no esté su desarrollo reglamentario —"Sin eso es imposible que la puedan aplicar"— y ha acusado a la Junta de utilizar esta norma para "enfrentar a algunos medios con algunos partidos políticos". La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional estatal lleva en vigor 20 años y aplicándose sin que se haya producido un desarrollo reglamentario, al igual que sucedía con la de Castilla y León en vigor hasta el verano, que tampoco lo tenía.
La norma también prevé prohibir la contratación de cualquier campaña de publicidad en medios que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en los tres últimos años —o tres o más veces en los últimos cinco años— y se hayan visto obligados a rectificar sus informaciones por ser inexactas, vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas o por delitos de odio. También ha cargado contra el "argumento torticero" que cree que está empleando la Junta de Castilla y León, administración que —según interpreta— debe preparar el desarrollo reglamentario posterior.
"Ataque a la libertad de prensa"
El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado este miércoles en Palencia que la Ley supone "un ataque a la libertad de prensa", puesto que limita la publicidad institucional al 33% y condiciona estos contratos a la ausencia de condenas por vulneración de derechos como el honor, intimidad o la propia imagen.
Carriedo ha mostrado la "solidaridad del Gobierno autonómico con los medios locales y digitales", que "sufren un perjuicio directo por la aplicación de la norma, mientras que los medios de ámbito nacional quedan exentos".