COMUNICACIÓN
El Consultivo de Castilla y León aprecia inconstitucionalidad en la ley de publicidad de PSOE y Vox
El Consultivo de Castilla y León aprecia inconstitucionalidad en la ley de publicidad de PSOE y Vox.
19/09/2025 - 10:33h.
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un informe en el que avisa de la posible inconstitucionalidad de cinco puntos de la ley autonómica de Publicidad Institucional, aprobada el pasado mes de junio en las Cortes.
Ante las dudas de la Junta de Castilla y León de cómo aplicar la norma, el Consultivo ha advertido de que la exclusión de medios condenados en sentencia firme para contratar publicidad institucional, fundamento que dio origen a la ley, puede vulnerar la Constitución y superar las competencias autonómicas. Además, el dictamen señala que el límite del 33% de los ingresos que un medio puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio.
A la hora de solicitar el informe, el gobierno que preside Mañueco señaló el "notable grado de incertidumbre" que ha provocado esta reforma por "las ambigüedades, las contradicciones y los vacíos técnicos" que contiene la norma. El PP rechazó en las Cortes de Castilla y León este texto porque consideraba que pretendía "amordazar e intimidar a los medios de comunicación". El Colegio de Periodistas también lamentó la falta de consenso parlamentario al respecto y pidió hablar con todos los actores del sector periodístico "como el Colegio, los medios de comunicación y el ámbito universitario".
La oposición, con Vox, PSOE, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, aprobaron el cambio normativo evidenciando la debilidad parlamentaria del PP de Alfonso Fernández Mañueco. Lo que era una modificación para excluir a medios condenados, como así defendió el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acabó por introducir una modificación sustancial de la norma autonómica. Precisamente, los puntos que recoge el informe del Consultivo son los que más han chocado con el PP y el sector de los medios de comunicación.
A la hora de solicitar el informe, el gobierno que preside Mañueco señaló el "notable grado de incertidumbre" que ha provocado esta reforma por "las ambigüedades, las contradicciones y los vacíos técnicos" que contiene la norma. El PP rechazó en las Cortes de Castilla y León este texto porque consideraba que pretendía "amordazar e intimidar a los medios de comunicación". El Colegio de Periodistas también lamentó la falta de consenso parlamentario al respecto y pidió hablar con todos los actores del sector periodístico "como el Colegio, los medios de comunicación y el ámbito universitario".
La oposición, con Vox, PSOE, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, aprobaron el cambio normativo evidenciando la debilidad parlamentaria del PP de Alfonso Fernández Mañueco. Lo que era una modificación para excluir a medios condenados, como así defendió el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acabó por introducir una modificación sustancial de la norma autonómica. Precisamente, los puntos que recoge el informe del Consultivo son los que más han chocado con el PP y el sector de los medios de comunicación.
Esa modificación original que atañe a los medios condenados en sentencia firme no está contemplada en la normativa estatal básica, por lo que "supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica". Además, recoge el informe, que "carece de respaldo constitucional", lo que "agrava las dudas sobre su validez y aumenta el riesgo de que su aplicación pueda ser anulada judicialmente".
El dictamen también recuerda que la legislación penal es competencia exclusiva del Estado, por lo que una norma autonómica no puede imponer sanciones más severas ni agravar las consecuencias legales ya establecidas a nivel estatal. En este caso, la sanción contemplada por la ley autonómica, que consiste en la imposibilidad de contratar publicidad institucional para determinados medios, excede el marco legal estatal y constituye una medida punitiva que la Comunidad no está facultada para imponer.
Limitación del 33% de los ingresos de publicidad
La limitación del 33% de los ingresos de publicidad de las administraciones fue uno de los puntos que el PSOE se abrió a negociar y que, tras varios meses desde que se aprobó en las Cortes la nueva ley, no ha reportado avances en la negociación con el resto de grupos. A este punto, el dictamen critica la imposición del límite de la cifra de negocio anual que un medio puede obtener mediante contratos de publicidad institucional al entender que la restricción carece de respaldo en la legislación básica estatal, resulta arbitraria, y vulnera la libre concurrencia de los medios a las campañas.
Asimismo, el informe añade que esta medida "pone en riesgo la viabilidad de determinados medios, especialmente aquellos de menor tamaño o de implantación local, y genera un trato desigual injustificado".
Las empresas afectadas tendrán que denuncian para impugnar la Ley
El Consejo Consultivo señala que, pese a las dudas y limitaciones señaladas, la Ley autonómica 1/2025 de Publicidad Institucional es de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León. En este sentido, advierte que tendrán que ser las empresas afectadas quienes deberán recurrir ante los tribunales para impugnar las disposiciones que consideren contrarias a derecho, garantizando así el respeto al ordenamiento jurídico a través de los cauces legales correspondientes.