PANDEMIA

La Junta condiciona las ayudas de los municipios a pymes y autónomos a pedir permiso y cumplir la Ley Montoro

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El Gobierno autonómico envía cartas a los ayuntamientos en los que señala que conceder ayudas de pandemia a empresarios puede ser una "competencia impropia" que no deben asumir.

Antonio Vega|eldiariocyl | 24/09/2020 - 13:29h.

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Castilla y León ha enviado cartas a los municipios de la Comunidad en la que les advierte de dos condicionantes antes de poder otorgar ayudas a autónomos y pequeñas empresas como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

El argumento usado por la Junta de Castilla y León es que estas ayudas que muchos alcaldes han anunciado en sus municipios pueden suponer una invasión de competencias, por lo que no podrían desarrollarlas. Además, el Ejecutivo de coalición usa la conocida como Ley Montoro - Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera - para reforzar su posición y negar la posibilidad de conceder ayudas si no se cumple en su totalidad.

Una de las estrategias de los alcaldes durante la grave crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 y el parón ocasionado por el confinamiento del estado de alarma ha sido la concesión de ayudas directas a pymes y autónomos para que puedan sobrevivir. Muchos consistorios han tirado de los fondos no gastados en este año como los destinados a fiestas y actividades culturales o deportivas, que no se han celebrado, para destinarlos a algún tipo de ayudas.

Pero la aprobación de este tipo de ayudas directas está sujeta a dos informes según ha determinado la Junta de Castilla y León, que tiene la competencia de supervisión financiera de los entes locales.

Por una parte, la solicitud de aprobación de las ayudas debe cumplir el marco competencial, mediante un informe de la Consejería de Presidencia que evalúe la inexistencia de duplicidades y "la necesidad de observar los ámbitos competenciales respectivos por las Administraciones Locales en el ejercicio de políticas para hacer frente a los efectos económicos y sociales provocados por la declaración del Estado de Alarma".

Por otro lado, hay que cumplir la sostenibilidad financiera que señala la Ley Montoro. Para ello la Consejería de Economía y Hacienda elabora un informe que analiza los puntos como endeudamiento, regla de gasto o periodo de pago a proveedores. Si no se cumplen todos, aunque el ayuntamiento haya ahorrado dinero este año, no se concederá autorización para otorgar las ayudas. La Ley Montoro señala que el dinero no gastado en un ejercicio debe destinarse a pagar deuda o bien queda como remanente no disponible, un montante que el Gobierno central quiso usar para la lucha contra la pandemia y que fue rechazado en el Congreso.

En definitiva, solo los ayuntamientos con una situación económica muy saneada podrían conceder estas ayudas, siempre y cuando la Junta no considere que invaden sus competencias. Cualquier tipo de ayuda está condicionada no sólo a la voluntad política del alcalde de turno, sino a la autorización final del Gobierno autonómico.

La propia Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de julio una ayuda directa de hasta 10,4 millones de euros para autónomos en situación comprometida a causa de la crisis de la Covid-19. Se trataba de financiar parte de los gastos derivados de la suscripción de créditos con bancos, vinculados a la parada o reducción de su actividad a causa de la pandemia. El importe máximo de la ayuda era de 300 euros y el plazo de solicitud finalizó el pasado 17 de septiembre.

Además, la Junta cuenta con otras líneas de subvenciones al autoempleo en diferentes modalidades, pero siempre vinculadas a paliar los efectos de la pandemia de la Covid-19.

A preguntas de este periódico la Junta no ha facilitado detalle de cuántos municipios han solicitado poder dar ayudas de este tipo, ni cuántas de esas solicitudes han sido aprobadas o denegadas.

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