La ambigüedad de Mañueco reaviva los rumores de adelanto electoral

La sospechosa ambigüedad que ha comenzado a mostrar el presidente de la Junta ha reavivado en los últimos días los rumores sobre el adelanto de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

No solo es que desde su entorno se siga agitando el espantajo de una nueva moción de censura socialista harto improbable. Es que también circula el runrún de que la intransigencia del PP respecto a las exigencias del Partido por Ávila (XAV) puede dar al traste con los Presupuestos de la Comunidad para 2022, lo cual proporcionaría a Alfonso Fernández Mañueco un argumento incontestable para disolver las Cortes y convocar nuevos comicios.

Desde que la crisis desatada en torno a la reforma de la atención primaria rural alimentara los rumores de un posible adelanto, y de eso se han cumplido más de tres meses, el presidente de la Junta ha repetido hasta la saciedad que su propósito era el de agotar la Legislatura, estableciendo como única condición el de una estabilidad parlamentaria que no ponga en peligro la gobernabilidad. Esa ha sido su posición inalterable cada vez que se le preguntaba sobre la posible anticipación electoral.

Por eso, no ha pasado inadvertida la respuesta que ofreció el Día de la Constitución cuando fue preguntado al respecto en Madrid: "En estos momentos estoy preocupado única y exclusivamente por las personas de Castilla y León y por protegerlas de las políticas del sanchismo", se limitó a contestar. Por primera vez en estos meses omitió lo de que su propósito sea agotar la Legislatura.

Y ello coincide con la abierta divergencia que mantienen PP y Ciudadanos respecto a las concesiones exigidas por XAV a cambio de que su procurador, Pedro Pascual, aporte el voto necesario para que los Presupuestos de la Comunidad salgan adelante. Mientras que el vicepresidente, Francisco Igea, y el portavoz naranja, David Castaño, no encuentran el menor pero a las enmiendas parciales presentadas por Pascual, el portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, ha acusado al partido abulense de utilizar su voto para "sacar tajada".

Después de hacer hincapié en que el proyecto presupuestario asigna a la provincia de Ávila inversiones territorializadas por importe de 70 millones de euros (25 más en que el presente 2021), De la Hoz considera que aceptar enmiendas por importe de otros 35 millones significaría un "agravio" para otras provincias.

A expensas de la negociación que pueden mantener hasta el 23 de diciembre, fecha en que el pleno Cortes votará las nuevas cuentas, se ha abierto paso el rumor de que el PP podría dejar caer los Presupuestos, dotándose así de un argumento incuestionable para justificar un próximo adelanto electoral. Le bastaría con rechazar todas o una gran mayoría de las enmiendas de XAV, cuyo presidente, José Ramón Budiño, afirma que, de no producirse un acuerdo satisfactorio, el voto de su procurador será "un no rotundo".

El rechazo parlamentario a los Presupuestos justificaría por sí mismo el adelanto, pero su aprobación tampoco garantizaría el agotamiento de la actual Legislatura. A Mañueco le quedaría en la recámara la excusa de la nueva moción de censura que los socialistas tienen potestad de presentar a partir del próximo 10 de marzo. Una amenaza que constantemente se encarga de recordar el entorno más próximo al presidente. "No estamos exentos de que una maniobra de esa naturaleza pueda volver a ocurrir", advertía recientemente el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Dado el repudio público de los socialistas hacia los 11 procuradores de Ciudadanos, dicha moción constituye un camino cegado, sin ninguna posibilidad aritmética de prosperar. "El PSOE no está en eso y no voy a entrar en ese juego para construir su relato", afirma al respecto Luis Tudanca, a quien le llama la atención que sea el propio PP quien aliente los temores a una posible moción como si no se fiaran de su propio socio de gobierno.

El PP sabe perfectamente que se trata de un riesgo quimérico, pero no por ello va a renunciar a ese espantajo si lo necesita para vestir el muñeco de un adelanto electoral que en ningún caso tendrá lugar antes del congreso autonómico del PP a celebrar en León a mediados de enero.

Y la sexta ola, como el que ve llover

Perplejidad. Esta es la palabra que mejor define la omisa actitud de la Junta ante la sexta ola la pandemia, que ha colocado a Castilla y León como la cuarta comunidad española con mayor tasa de incidencia, por detrás únicamente de Navarra, País Vasco y Aragón.

Al contrario que estas tres comunidades y otras siete más con menor incidencia, el gobierno Mañueco ni ha implantado el Pasaporte Covid ni ha implementado ninguna otra medida para frenar el avance del virus. El resultado es que entre el 1 y el 10 de diciembre se registraban más de 7.600 contagios en Castilla y León y el número de hospitalizados se incrementaba en un más de un 40 por ciento, pasando de 275 a 387. Todo ello sumando otro medio centenar de fallecidos a una estadística de víctimas mortales que a fecha 9 de diciembre la propia Junta situaba en 11.879.

Un balance este último que no impedido al vicepresidente Igea publicar un bochornoso "hilo sorpresa" en Twitter poco menos que felicitándose de que otras comunidades presenten peores tasas de letalidad. En otro tiempo, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no habría admitido esta pasividad de la Junta ante la sexta ola, que, de prolongarse durante las Navidades, puede desembocar en un mes de enero de dramáticas consecuencias.

Pero tanto Casado como Igea saben muy bien que no está el horno como para contrariar a Mañueco, quien en esta y otras materias ha decidido secundar sin complejos la estrategia de Isabel Díaz Ayuso.

COSAS VEREDES

Igea Recolocaciones S.L.

El palentino Enrique Rivero es el tercer ex diputado de Ciudadanos que, no habiendo conseguido renovar su escaño en el Congreso, desembarca en un alto cargo de la Junta. Igea le situado al frente de la dirección general de Transparencia, vacante desde la renuncia de Joaquín Meseguer.

El primero en realizar el recorrido fue el número dos de la misma consejería, Fernando Navarro, repescado por Igea como viceconsejero después de no conseguir renovar su escaño por Baleares. Y el tercer ex diputado de C´s apadrinado por el vicepresidente fue el zamorano José Antonio Bartolomé, ahora gerente del ECYL. A ellos se añade el fichaje de otra efímera diputada, Soraya Mayo, para un cargo en el ITACYL, si bien en este caso el padrinazgo se atribuye al consejero de Agricultura.

Revés para Casado y Mitadiel

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, van a tener que tragar, al menos durante un tiempo, con el que fuera Jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Burgos, Carlos García Girón, al que aplicaron la jubilación forzosa desestimando su solicitud de prórroga en el servicio.

La denegación de dicha solicitud provocó un amplio rechazo entre la comunidad sanitaria y agudizó el conflicto que ya mantenían la Consejería y el PP de Burgos acerca de la gestión del hospital.

García Girón recurrió ante los tribunales y ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso reconoce como medida cautelar el derecho a incorporarse a su puesto hasta que se sustancie judicialmente el conflicto.

Más políticos con Covid

La sexta ola también está causando estragos entre la clase política de Castilla y León. El último caso conocido es el de la procuradora no adscrita María Montero, que ha anunciado su positivo en una prueba PCR.  A causa de ello la parlamentaria salmantina no ha podido defender sus enmiendas en la Comisión de Presupuestos.

La pasada semana fue la eurodiputada y presidenta del grupo socialista del Parlamento Europeo, Iratxe García, quien informó de su contagio en su cuenta de Twitter. Y a primeros de diciembre el que se vio obligado a aislarse por la misma razón fue el senador socialista por Burgos y Presidente del Senado, Ander Gíl.

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