Una participación por debajo del 60 por ciento daría al traste con las previsiones de los sondeos.
A la espera de que comience la campaña oficial, el voto del mundo rural ha seguido siendo el principal objeto de deseo en la batalla electoral que se libra en Castilla y León. Aunque la tormenta desatada por las declaraciones del ministro Garzón ha ido remitiendo y Pablo Casado y los suyos ya no posan ante reses pastando en bucólicas fincas, el voto rural continúa siendo objetivo prioritario de los dos principales partidos, preocupados ambos por los elementos de desgaste que sufren en un ámbito más agitado e insondable que nunca.
El pagano electoral de tan distorsionada polémica no ha sido Unidas Podemos, cuyo voto es esencialmente urbano, sino el PSOE, colocado a los pies de los caballos del sector ganadero en su conjunto, que ya estaba de uñas con el gobierno socialista por el problema del lobo.
Por su parte, el PP no ha podido ocultar su descarada connivencia con la proliferación de las macrogranjas, ese aberrante modelo de ganadería industrial altamente contaminante que hipoteca un desarrollo rural sostenible y acaba destruyendo la explotación familiar agraria. Mientras comunidades como Castilla-La Mancha han puesto pie en pared mediante una moratoria que prohíbe nuevas macrogranjas hasta finales de 2025, en Castilla y León continúa abierta la barra libre, estando otro centenar en vías de autorización. Y por mucho que el candidato-presidente niegue la evidencia, los vecinos afectados conocen muy bien las fatales consecuencias de esta perniciosa industria.
Atención: No es igual promesa que compromiso
El otro gran problema del PP en el medio rural es el incesante deterioro de la Sanidad, cuya red de consultorios locales sigue sin recobrar la atención presencial prometida por el presidente Mañueco el pasado mes de septiembre. "Habrá una Ley que blinde la asistencia sanitaria en el mundo rural. No es una promesa. Es un compromiso de obligado cumplimiento", se afirma en boca del candidato Mañueco en la página web del PP de Castilla y León.
Curiosa distinción ésta entre promesa y compromiso, a partir de la cual ya sabemos que el PP no considera "de obligado cumplimiento" ninguna de sus promesas electorales. Y ello mientras el nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, advierte de la dificultad para cumplir ese compromiso: "No se pueden sacar sanitarios de donde no los hay. Habrá que disminuir la frecuentación en algunos municipios y tendremos que poner transporte para asistir a la consulta los días que no haya asistencia", ha declarado en entrevista concedida a este diario.
Son muchas las incógnitas sobre el comportamiento del electorado rural. Otra de ellas es la sospecha de un importante voto oculto a favor de Vox, que, Abascal aparte, viene desplegando por Castilla y León a toda su segunda línea (Ortega Smith, Espinosa de los Monteros, Olona y Buxadé).
Otra es el nivel de respaldo a las candidaturas de la "España vaciada", que, excepto "Soria ¡ya!", presente con su propia marca como agrupación electoral, están fuera del radar de los sondeos hasta ahora publicados. Aunque no lleguen a obtener representación, votos va a tener. ¿A costa de quién?
Y capítulo aparte es el grado de abstención esperable tanto por la situación de pandemia como por tratarse de una convocatoria electoral separada de las elecciones municipales y carente por ello del "efecto arrastre" de los candidatos a las alcaldías. Una participación inferior al 60 por ciento -en 2019 superó el 70- favorecía las opciones de las fuerzas minoritarias en el reparto de escaños.
De ahí, que el PP venga acompañado sus diatribas contra Garzón y Sánchez con un aluvión de promesas, mayormente dirigidas al ámbito rural, añadiendo nuevos incentivos y deducciones fiscales en las zonas con riesgo de despoblación, que dicho sea de paso son todas. (Según el último censo oficial del INE, Castilla y León perdió en 2020 otros 11.179 habitantes, cayendo su población hasta los 2.383.139, 166.035 menos de los que contaba en 2008). Y como sea que la natalidad sigue bajando, el candidato-presidente anuncia, siguiendo una vez más la estela de Díaz Ayuso, el rescate del cheque-bebé.
Banda ancha rural, la madre de todas las promesas incumplidas
Y no podía faltar en este carrusel de promesas la de extender la banda ancha a todo el territorio de la comunidad autónoma. Mañueco pone ahora nuevas fechas y plazos a un compromiso adquirido por la Junta nada menos que en 2005, año en el que el entonces consejero de Fomento, Antonio Silván, anunció que en 2007 toda la población de Castilla y León tendría acceso a los servicios de Internet a través de banda ancha. 15 años después, el candidato-presidente anuncia para 2025 la cobertura total con un mínimo de 30 megas y sitúa en 2027 la llegada de los 100 megas.
Por su parte, el PSOE de Luis Tudanca viene llenando su agenda con las incesantes visitas –algunos días a pares- de ministros socialistas dedicados a ensalzar las excelencias del gobierno Sánchez. Particularmente activa viene mostrándose la Delegada del Gobierno, Virginia Barcones, quién, como buena conocedora del medio rural y del problema de la despoblación, no pierde la ocasión de replicar los ataques del PP y de denunciar el oportunismo de las promesas electorales del partido que lleva gobernando la comunidad durante los últimos 35 años.
Los socialistas, (y con ellos Unidas Podemos, que suspira por recibir el espaldarazo de Yolanda Díaz) han recibido el apoyo indirecto de los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, Además de calificar de "inoportuna" la convocatoria electoral, ambos sindicatos abogan por un "cambio político" basado en un modelo propio -"el modelo Ayuso no se necesita en Castilla y León", afirman- y piden un cordón sanitario que impida la entrada de Vox en el próximo gobierno autonómico.
Igea y su memoria selectiva
Mientras tanto, se aproxima la campaña oficial con el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca más vivo que nunca en el Juzgado La actitud del presidente provincial, Javier Iglesias, acogiéndose a su derecho a no declarar, no ha hecho otra cosa que acrecentar las sospechas sobre su implicación, máxime cuando el Juzgado ha admitido una denuncia anónima en la que se dan pelos y señales, nombres y fechas, de la "colecta" organizada para apoyar la candidatura de Mañueco en aquellas primarias autonómicas de 2017.
Por si fuera poco, el ex vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha desvelado una conversación privada con Iglesias en la que éste alude al inductor de la trama: "Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió". Siguiendo el principio "Cui prodest", el aludido no puede ser otro que Mañueco.
Despechado por el abandono de su cónyuge de conveniencia, Igea ha comenzado a revelar ciertas interioridades de alcoba que no dejan en el mejor lugar a su expareja política. Particularmente obscena ha sido la que acusa a Mañueco de haber estado siempre más pendiente de las encuestas que de la necesidad sanitaria de adoptar medidas impopulares para combatir la pandemia. "El presidente siempre tenía las encuestas. Nosotros (C´s) contábamos vidas, los demás votos". Igea se refiere a los doce sondeos que contrató y pretendió ocultar la Junta durante el año 2020, que, además de pulsar la opinión sobre la gestión de la pandemia, se interesaban por la intención de voto de los encuestados. "Cuando la suma de votos y vidas le ha sido favorable es cuando ha convocado elecciones", ha concluido el exvicepresidente.
No ha habido ni habrá respuesta. Ignorar las acusaciones de Igea y los ataques de Vox forma parte del manual de campaña del candidato-presidente.
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