La Junta revisará el modelo de residencias tras el impacto del coronavirus y ofrece pactarlo con la oposición

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba en una comparecencia en las Cortes de Castilla y León, la intención de cambiar el modelo de residencias de ancianos en la Comunidad Autónoma, ante el alto número de fallecimientos -2.186 muertos confirmados o con síntomas de COVID-19- y los problemas de gestión durante la crisis.

Según Mañueco después de la "durísima situación vivida" en estos centros es necesario "un nuevo modelo que refuerce la atención en las residencias". Para esta reorganización, el presidente castellano y leonés ofrece y pide a la oposición formar parte de un grupo de trabajo que diseñe y ponga en marcha un nuevo modelo. En la Comunidad hay 702 residencias de mayores, públicas o privadas, con un total de 47.794 plazas.

Las líneas maestras de este modelo de residencias planteadas por Mañueco no van en la línea de la medicalización de los centros, aunque sí propone mejorar el abastecimiento de equipos de protección "en función de su tamaño y del perfil de sus usuarios", así como proporcionar asesoramiento y formación a los centros para el uso de EPIs y el abordaje de casos, "y que se exija preparación en estos temas por parte del personal directivo".

Mayor control de posibles casos

En su comparecencia en las Cortes, Mañueco también ha propuesto que el nuevo modelo de residencias utilice herramientas informáticas para conocer "en tiempo real la situación en cada centro, y así poder promover rápidamente las actuaciones necesarias". Hasta ahora los datos proporcionados por los centros privados no se ha producido de manera sistematizada.

También, el presidente de la Junta pide que siga apostando por las unidades de convivencia y por el uso individual de las habitaciones, "no sólo para mejorar el bienestar de las personas sino también para dificultar los contagios", ha explicado.

La última actualización legal del sector de residencias de mayores y dependientes data del año 2016, cuando la Junta de Castilla y León bajo el Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) aprobó una nueva regulación para la acreditación de centros y unidades de convivencia para la atención a personas mayores en Castilla y León.

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