SOCIEDAD

La Junta analiza con expertos internacionales la implantación de un sistema para evaluar la calidad de los centros residenciales

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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad inauguran una jornada orientada a compartir experiencias para abordar con éxito una transformación de la política social

burgosnoticias.com  | 06/07/2021 - 11:12h.

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expuesto esta mañana ante expertos internacionales, instituciones y agentes del Tercer Sector Social las principales características del sistema "innovador" que ultima el Gobierno de Mañueco para medir y regular la calidad de los centros residenciales de Castilla y León, un proyecto que tiene como objetivo último afianzar a esta Comunidad a la vanguardia en la protección a las personas más vulnerables.

La consejera ha abierto hoy junto al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Álvarez, una jornada organizada por el Ejecutivo autonómico en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con el fin de intercambiar opiniones y compartir experiencias acerca de la transformación de la política social a la que se enfrentan los países europeos.

En este contexto, Isabel Blanco ha explicado que su departamento continúa dando pasos en la tramitación de un proyecto de ley de atención residencial pionero, que recoge entre sus principios fundamentales la apuesta por la modernidad y la innovación, al introducir mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios a partir de estándares europeos y desde un enfoque singular.

Así, frente a los sistemas de medición de calidad tradicionales –basados en la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de funcionamiento de los centros o en los niveles de acreditación relativos a la aplicación de los protocolos y procesos prestablecidos– el modelo de evaluación por el que apuesta Castilla y León tiene como objeto central la calidad de vida de las personas, lo que implica el respeto a sus derechos y expectativas vitales y su participación en la comunidad.

"Una efectiva evaluación de la calidad de los servicios que se prestan debe medir, por lo tanto, la repercusión de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios teniendo en cuenta sus valores individuales: debe verificar el respeto de todos sus derechos", ha señalado la consejera.

Instrumento técnico y proceso de evaluación

El reto ahora es dotarse del instrumento técnico que preste soporte a esas evaluaciones. El anteproyecto de ley de atención residencial, elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, encomienda al titular de la Gerencia de Servicios Sociales la aprobación de una herramienta que permita medir de forma objetiva aspectos como el respeto a la dignidad y libre elección de las personas usuarias de las residencias; la adaptación permanente de los planes de apoyo a sus proyectos de vida; los cuidados personales recibidos y la promoción de hábitos saludables, y los servicios y apoyos para la vida cotidiana.

El procedimiento de evaluación descrito, que se ejecutará de forma continua, dará lugar a una categorización de los centros a partir de parámetros objetivos. Los resultados de los exámenes de calidad se publicarán con periodicidad anual en un informe para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías la residencia a la que quieren acudir. Estas notas serán determinantes para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración.

Durante el debate con el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en la apertura de la jornada, Isabel Blanco ha garantizado que el Gobierno de Mañueco se fijará en otras experiencias internacionales de éxito y buscará el máximo acuerdo con el sector en la definición de este sistema de evaluación de calidad.

De hecho, este espíritu participativo y de consenso inspira también el texto normativo, que en uno de sus artículos determina la constitución de un comité integrado por representantes del sector, de los proveedores de servicios y miembros cualificados de la sociedad civil, que ejercerá de órgano asesor y de impulso de la mejora de la calidad de los Servicios Sociales, "siempre bajo el principio de transparencia y sobre la base del conocimiento generado por la evidencia científica y el consenso entre los principales agentes del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública".

Plazos de adaptación al nuevo modelo

La construcción completa del sistema de evaluación de calidad requerirá dos años, conforme a los plazos de adaptación previstos en el anteproyecto legislativo. Así, en el primer año desde la entrada en vigor de la ley deberán estar definidos el régimen jurídico, la composición y funcionamiento del órgano asesor, y la dotación de profesionales encargados de realizar las evaluaciones. En los seis meses siguientes se aprobarán los indicadores y estándares de calidad por los que se regirán las evaluaciones y, a continuación, se abrirá otro plazo de seis meses para comenzar a realizar estos exámenes.

Junto a la calidad y la innovación, la propuesta normativa de la Junta para los cuidados de larga duración se apoya en otros tres pilares más: el reconocimiento de la dignidad de la persona –lo que conlleva regular la forma en que se prestan los apoyos a los usuarios más vulnerables–; el modelo de atención centrado en la persona –que condiciona la organización y funcionamiento de los centros–, y la profesionalización de los cuidados –que determina el surgimiento de nuevos roles y perfiles–.

En este último punto, el borrador de anteproyecto estipula que la dotación de personal específica de cada centro deberá ser proporcional a las necesidades que presente, teniendo en cuenta sus dimensiones y estructura, los servicios prestados, el número de usuarios y las cargas de trabajo derivadas de los planes de apoyo a sus proyectos de vida.

La consejera ha indicado que, en todo caso, se ajustará a las ratios que se fijen en los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia, si bien ha agregado que Castilla y León no renuncia a ser "más ambiciosa" en estas exigencias, pensando en el bienestar de las personas.

Fondos europeos

En el transcurso del debate entre Isabel Blanco e Ignacio Álvarez, ambos responsables se han pronunciado sobre las posibilidades que brindan los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para afianzar esa apuesta por la calidad en la atención social.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha calificado la llegada de estos recursos como una "oportunidad histórica para consolidar el sistema de Servicios Sociales como un verdadero pilar del Estado de Bienestar, para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios, así como la dignificación del empleo ligado a los cuidados personales, tanto de imagen como en materia salarial".

También se ha referido a la ocasión que estos fondos europeos abren para "digitalizar los procesos de atención, mejorar las herramientas de información y comunicación, implementar nuevas tecnologías y desarrollar ayudas técnicas que promuevan la autonomía y refuercen la dignidad de las personas vulnerables".

"Es el momento de implantar una estrategia alineada con la de la Comisión Europea que impulse la desinstitucionalización de los cuidados, mediante el abordaje de una nueva sociedad más inclusiva, con nuevos modelos de centros y servicios abiertos", ha asegurado Isabel Blanco.

Impulso a la Dependencia 5.0

La máxima responsable de la política social en Castilla y León ha recordado que esta Comunidad ha configurado ya, en colaboración con el Tercer Sector Social y las entidades locales, un listado de proyectos financiables con los nuevos fondos europeos y aprovechará estos recursos para consolidar el sistema de atención a la Dependencia 5.0, que ha calificado de ejemplo de modernidad y futuro al servicio de la protección de las personas.

Este modelo tiene como finalidad ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio, con la tecnología como aliada. En él se inscribe el proyecto de Atención en Red, impulsado por el Gobierno de Mañueco.

Este programa conjuga las iniciativas 'A gusto en casa', 'Viviendas en Red' y el nuevo modelo de atención residencial. En los dos primeros, el usuario recibe servicios de calidad en su propio entorno, permitiendo así que pueda permanecer en su hogar de forma digna y segura hasta el final de su vida.

El tercero emerge de la transformación de las residencias, al amparo de la nueva normativa en fase de tramitación, que promueve centros multiservicio; es decir, donde las instalaciones de comedor o lavandería o los servicios de promoción de la autonomía prestan apoyo a los usuarios de 'A gusto en casa' y 'Viviendas en Red'.

Estos dos últimos proyectos se sustentan en el principio de desinstitucionalización de los cuidados, ya que estos se prestan en el entorno de los mayores. En el primer caso, las casas son propiedad del usuario y, en el segundo, están cedidas por los ayuntamientos, que las gestionan en régimen de propiedad o de alquiler. En ambos, la Junta interviene para adaptar esas viviendas –por ejemplo, con obras para la supresión de barreras arquitectónicas o, en su caso, de rehabilitación– e incorporar a estas estancias las ayudas técnicas y tecnológicas precisas para crear espacios confortables.

Los profesionales encargados de los cuidados a los usuarios de estos programas se apoyan en una cartera común de servicios de proximidad (como el de asistencia personal) y en el desarrollo, a partir de experiencias innovadoras, de sistemas tecnológicos de inteligencia artificial y emocional, dispositivos y ayudas técnicas (como la Teleasistencia Avanzada o los robots sociales). Y, derivado de esa concepción de la atención en red, también contarán con los recursos disponibles en los centros residenciales y de día, concebidos como plataformas multiservicios.

En definitiva, la Atención en Red, paradigma del modelo de atención de la Dependencia 5.0, combina los cuidados en domicilio y en centros residenciales, y los conecta entre sí por medio de un paquete común de productos tecnológicos y servicios de apoyo y una red de profesionales volcados en la atención y protección de los más vulnerables.

Colaboración institucional

La consejera ha resaltado también la importancia de la colaboración entre administraciones en beneficio de los ciudadanos. "La calidad de vida de las personas debe estar por encima de ideologías políticas, porque entronca directamente con el respeto a los derechos. Nuestra tarea común es dar soporte a los más vulnerables para que sea efectiva la igualdad de oportunidades", ha zanjado.

En la jornada organizada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades participan expertos en materia de atención social y calidad procedentes del Centro Europeo de Políticas e Investigación sobre Bienestar Social (organización intergubernamental afiliada a las Naciones Unidas), de la Fundación Eguía Careaga, de la Inspección de Cuidados de Escocia y del Centro de Investigación Gerontológica de Estocolmo (Suecia).

Junto a ellos aportan su visión sobre la evaluación de la calidad de los Servicios Sociales el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga Martín, y representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) y de la entidad que reúne a las asociaciones de residencias privadas en España, Lares.

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