Domingo Hernández advierte de cierres en medios locales y acusa al Gobierno autonómico de favorecer a los grandes grupos privados
"Pretende matar moscas a cañonazos". Así ha calificado Domingo Hernández, secretario provincial del Partido Castellano-Tierra Comunera, la nueva Ley de Publicidad impulsada por la Junta de Castilla y León.
Aprobada en junio, la norma limita al 30 % de la facturación anual la publicidad institucional que pueden recibir los medios financiados por instituciones públicas. Según el PCAS-TC, la medida logrará justo lo contrario de lo que persigue: acabar con la pluralidad y la información de proximidad.
Hernández advierte de posibles cierres y despidos en una treintena de medios locales, recordando que la publicidad institucional garantiza la independencia de muchos de ellos.
Desde el partido apuntan que el verdadero problema no está en esos pequeños medios, sino en los más de 23 millones de euros que la Junta destina cada año a la televisión autonómica, "controlada por grupos privados como Promecal y Edigroup".
La formación castellanista alerta también de una fuga de talento y pérdida de cobertura informativa en zonas rurales. Ante esta situación, 26 empresas editoras han recurrido la ley ante el Tribunal Superior de Justicia, mientras que el Colegio de Periodistas de Castilla y León ha mostrado su rechazo por la falta de diálogo y las posibles incompatibilidades constitucionales.
El PCAS-TC reclama una regulación más justa y un reparto equitativo de la publicidad institucional basado en audiencias y empleo, e insta a las Cortes autonómicas a derogar la norma antes de la disolución del Parlamento.
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