La publicidad institucional de Castilla y León a información del Consejo Consultivo

La Junta de Castilla y León ha solicitado un dictamen al Consejo Consultivo sobre la Ley de Publicidad Institucional, que el mes pasado aprobaron PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea con el voto en contra del Partido Popular y la abstención del resto de procuradores. En concreto, ha formulado 24 preguntas para que el órgano independiente dé su opinión.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado, esta consulta es "en ejercicio de su responsabilidad institucional, con el fin de evitar interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias o actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, y en aras de asegurar la legalidad y la seguridad jurídica" en la aplicación de una norma cuya escritura ha calificado de "deficiente" y con una "falta de coherencia" que podría generar "serias dificultades prácticas y jurídicas de desarrollo y aplicación, afectando directamente a la gestión de recursos públicos, a la libertad de información y al equilibrio territorial en la difusión de campañas de interés general".

El informe del Consultivo "garantiza un análisis riguroso, objetivo e independiente de las cuestiones planteadas". Se pretende, según el Ejecutivo autonómico, "garantizar una aplicación rigurosa, coherente y respetuosa con el ordenamiento jurídico, tanto en lo que respecta a la contratación pública como a los derechos fundamentales de empresas y ciudadanos".

El gobierno que preside Mañueco subraya el "notable grado de incertidumbre" que ha provocado esta reforma por "las ambigüedades, las contradicciones y los vacíos técnicos" que contiene la norma. El PP ya adelantó en las Cortes de Castilla y León que rechazaba este texto porque consideraba que pretendía "amordazar e intimidar a los medios de comunicación". El Colegio de Periodistas también lamentó la falta de consenso parlamentario al respecto y pidió hablar con todos los actores del sector periodístico "como el Colegio, los medios de comunicación y el ámbito universitario".

El Ejecutivo critica la "falta de coherencia interna", las "imprecisiones normativas" y ve "posibles contradicciones legales". "La consulta se formula ante la especial trascendencia jurídica y práctica que conlleva la aplicación de esta nueva norma por parte de los órganos y servicios de la Administración autonómica. La Junta de Castilla y León considera necesario recabar un dictamen que aporte claridad jurídica sobre la interpretación de distintos preceptos de la ley", destaca el comunicado, en el que se enfatiza las "dudas" que hay sobre su compatibilidad con el marco normativo "de contratación pública, la legislación estatal y los principios constitucionales".

Posible colisión con la Ley de Contratos

La Junta de Castilla y León ha identificado una posible colisión entre la Ley de Publicidad Institucional y la Ley de Contratos del Sector Público en aspectos fundamentales como la libre concurrencia, la igualdad de trato entre licitadores, o la prohibición expresa, por parte de dicha ley, del uso de criterios de arraigo territorial. Estas cuestiones afectan directamente a los principios que deben regir la contratación pública y generan dudas sobre la correcta aplicación de ambas normativas en el ámbito autonómico de forma simultánea.

La Ley también prevé límites económicos al volumen de contratación con medios de comunicación, fijando un máximo del 33% del importe neto de la cifra anual de negocio de una empresa. La Junta considera que esta medida "podría tener un efecto discriminatorio al restringir el acceso de medios de menor tamaño o de implantación local a las campañas institucionales y comprometer así el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la contratación pública".

Asimismo, la nueva ley introduce una serie de prohibiciones para contratar con determinados medios de comunicación, basadas en antecedentes judiciales —a los que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en tres años (o tres veces o más en cinco años) a rectificar informaciones inexactas por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen o por delitos de odio—, que podrían exceder el marco establecido por la legislación básica estatal. "Esto plantea interrogantes sobre su encaje constitucional, especialmente en relación con las competencias exclusivas que el Estado ostenta en materia de contratación y de garantías de derechos fundamentales, como la libertad de información y el derecho al honor", ha cuestionado el Ejecutivo.

El gobierno de Castilla y León también tiene dudas sobre las consecuencias jurídicas que tendría la aplicación del procedimiento previsto en la ley para suspender o modificar campañas publicitarias en curso. En particular, se solicita aclaración sobre los efectos que una decisión administrativa de este tipo podría tener sobre los contratos ya adjudicados y en ejecución, y si tal actuación respetaría las garantías que establece la normativa de contratos del sector público en materia de modificación o resolución contractual.

Un preámbulo que señala a los medios digitales

La nueva Ley de Publicidad Institucional aprobada por la ultraderecha de Vox, PSOE, Unidas Podemos y Francisco Igea tiene también un nuevo preámbulo, en el que se señala a los medios digitales como responsables de la difusión de bulos y desinformación.

"La divulgación de informaciones falsas o bulos se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la mala praxis que se da en diversos medios de difusión digitales en los que tienen cabida todo tipo de contenidos, sin pasar por ninguno de los filtros habituales en los medios de comunicación tradicionales, y en los que prima el sensacionalismo para generar el llamado «clickbait», o cebo de «clicks», y aumentar el número de visualizaciones, del que dependen gran parte de los ingresos de este tipo de publicaciones, que en ocasiones también se financian parcialmente mediante publicidad institucional", se explicita acusando a los medios digitales de este hecho pese a que la mayor difusión de desinformación o bulos ocurre en redes sociales, a las que no se nombra.

Además el preámbulo aprobado indica que los medios digitales son culpables de haber contaminado toda la esfera mediática sin ninguna justificación o explicación, ya que entienden que "son muchos los medios de comunicación tradicionales que se han sumado a estas tendencias para no quedarse atrás, haciéndose eco muchas veces de contenidos que se generan en la esfera digital de dudosa veracidad y que acaban teniendo un impacto innegable en la realidad, aunque carezcan de todo rigor periodístico". Actualmente todos los medios, sea cual sea su tecnología de difusión base, se pueden considerar digitales por el uso de web y redes sociales como herramientas de difusión de información.

La única mención a las redes sociales es al llamado 'filtro burbuja', "que generan los algoritmos que deciden qué publicaciones vemos o no en las redes sociales, fórmulas que tienden a mostrarnos solo las noticias y opiniones compartidas por aquellas personas que se interesan o piensan de forma similar a la nuestra, lo que dificulta recibir una información plural desde diversos enfoques que permita favorecer una mayor reflexión y capacidad crítica en nuestra sociedad". Eso sí, cero aplicaciones prácticas sobre este fenómeno en toda la nueva normativa de publicidad institucional, ya que no se limita ni su gasto ni su control en redes sociales por las instituciones a las que afecta.

El nuevo Consejo de TDT

Otro aspecto sobre el que preguntan al Consultivo "de especial complejidad" es la creación del nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre que establece la ley. La norma le atribuye funciones presupuestarias y de gestión propias de una televisión pública autonómica, que en la actualidad no existe en Castilla y León porque el gobierno autonómico ha optado por una concesióna a una empresa privada, renovada recientemente y con una financiación asegurada por los próximos dos años gracias al voto de PSOE y PP.

El Ejecutivo autonómico también tiene dudas sobre la naturaleza jurídica de este nuevo Consejo, sus competencias y su encaje en el marco institucional y presupuestario: "Sin una televisión pública a la que aplicar sus funciones, plantea dificultades muy importantes de aplicación, llegándosele a atribuir funciones de nombramiento y promoción del cese del personal directivo de la empresa cuando la financiación pública supere el 50% del importe neto de su cifra de negocios", recuerda.

Finalmente, la ley contempla la convocatoria de un nuevo concurso para la denominada 'concesión de la televisión autonómica', una previsión que se introduce en un contexto en el que únicamente existe una autorización administrativa de ocupación del espectro radioeléctrico otorgada a una empresa privada. "Esta previsión legislativa plantea dudas tanto sobre su viabilidad técnica y jurídica como sobre los instrumentos que permitirían llevarla a cabo con garantías legales, especialmente en lo relativo a la subrogación de trabajadores y a la articulación del procedimiento administrativo correspondiente", reitera el comunicado. De hecho, el Gobierno autonómico se ha abierto a pagar una segunda televisión, con lo que —interpreta— ejecuta "la Ley de PSOE y Vox". Esto acabaría con una comunidad de 2,3 millones de habitantes y dos televisiones públicas en manos de empresarios.

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