Las casas de Canarias (y del resto de España) no están preparadas para los terremotos

Estos días hemos contemplado atónitos como la colada de lava procedente del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, destruía todo a su paso. En su trayecto, ha arrasado unas 360 hectáreas y se ha tragado más de 1.000 edificios, la mayoría viviendas, pero también negocios, colegios e iglesias. Además, antes y después de la erupción, que se inició el domingo 19 de septiembre, se han producido más de 4.000 terremotos en la isla, casi todos de baja intensidad.

La Red Sísmica Canaria, sistema de análisis automático que gestiona el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), detectó horas previas a la erupción un seísmo de 4,2 en la escala de Richter, la magnitud máxima registrada hasta ese momento. Desgraciadamente, para las casas sepultadas por la lava ya no hay remedio pero, ¿cómo están de protegidos los edificios de las islas y del resto del territorio frente al riesgo sísmico?

Según explica a SINC Amadeo Benavent, catedrático de Estructuras en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España continúa sin adoptar la normativa sísmica de edificios que está vigente en Europa, denominada Eurocódigo 8, que "es muy completa", subraya.

El principal objetivo de esta norma es el de salvar vidas. Para ello, ha fijado una serie de reglas a la hora de proyectar los edificios, con el fin de protegerlos frente a los terremotos. Y abarca tanto la construcción de nuevos edificios, como la adecuación sísmica de los que ya existen.

Sin embargo, señala este investigador, "en nuestro país la legislación aún vigente es la Norma de Construcción Sismorresistente [NCSE/02], del año 2002, "que regula cómo deben acometerse las edificaciones nuevas frente a estos fenómenos, pero no dice nada de las existentes".

Normativa anticuada

"Han pasado más de 10 años desde el terremoto de Lorca", que se saldó con muertos y el colapso de edificios, y "la Administración española continúa sin adherirse a la norma vigente en la UE. Seguimos anclados en una normativa de dos décadas atrás", se queja.

Benavent opina que se trata de "una norma completamente anticuada, especialmente en lo que se refiere al mapa de peligrosidad símica, en el que se definen las características de los terremotos esperables en cada punto del territorio español y para los cuales hay que preparar las estructuras de las construcciones".

Este mapa, por ejemplo, dice, "fija para todas las islas Canarias una aceleración básica del suelo [peligrosidad sísmica] del 4 %. Sin embargo, en el último estudio que publicó el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en 2012 —que todavía no está implementado— esta peligrosidad se fija en un 7 %. Además, en amplias zonas, como en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en alguna otra ciudad, llega al doble, el 8 %", subraya.

Fernando Martínez Soto, profesor titular en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias, coincide en este punto con Benavent y comenta a SINC que "en la actualidad en los proyectos de edificaciones de la península y las islas no se llega a contemplar los valores reales que se están obteniendo estadísticamente de peligrosidad sísmica".

Al igual que Benavent, destaca que en ese mapa, "Canarias está designada como una 'zona tranquila' con una aceleración básica del suelo de tan solo 4 %". Sin embargo, "los registros históricos y las estadísticas apuntan a que se llega duplicar este valor", reitera Martínez Soto. "Sería necesario revisar esta normativa para que se adecuara a los valores reales. Además, los terremotos en cada isla son distintos".

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