Con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, FEDISFIBUR junto a COCEMFE nacional y su Movimiento Asociativo, lanzan la campaña #EsperaYDesespera, con el objetivo de dar a conocer la desesperante espera que miles de personas con discapacidad llevan viviendo desde hace años por una valoración a tiempo y una baremación actualizada
La Junta de Castilla y León no ha avanzado al mismo ritmo que la medicina, una triste verdad que desespera a los enfermos que dependen de los Servicios Sociales regionales para la declaración de su discapacidad. Entre que se presentan los papeles, los registran y luego hacen una valoración pasa demasiado tiempo. Señalan que esto incluso supone un incremento de suicidios.
De seis a hasta 34 meses de plazo de espera, que lleva consigo, en muchos casos, un empeoramiento de su salud y por ende aún más trabas que superar. Esto es, entre otras cosas, por el baremo desactualizado.
El trabajador social de Fedisfibur, Jon Amas, apunta que la codependencia de Servicios Sociales con Sanidad y, en caso de reclamaciones, la Justicia, hacen que los plazos sean excesivos.
Eso también afecta laboralmente y es que la espera de la declaración de incapacitado limita las oportunidades de los enfermos y la tipología de los contratos.
La prospectora laboral de Fedisfibur, Eva Escalera, comenta que esto lleva consigo una merma de sus derechos o subvenciones.
Una situación que se agrava aún más en casos de enfermedades raras, ya que la lista de las mismas no está actualizada y desconoce la existencia de algunas que padecen los que acuden a Servicios Sociales.
Sin embargo, no son solo estos los afectados por los largos plazos, también los que padecen 'enfermedades comunes'. El secretario de Fedisfibur, Alberto Alonso, lo ha sufrido en primera persona, y es que tuvo que acudir a la plaza Bilbao número cuatro para declarar a su madre enferma de Parkinson y los trámites se han demorado siete meses.
Esta situación se vive también en todo el ámbito nacional. Por ello, se han formado un total de 18 filas en diferentes ciudades del país frente a las instituciones responsables de esta situación como consejerías de servicios sociales y sanidad, centros de valoración de la discapacidad o delegaciones del Gobierno.
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