El Arzobispo de Burgos, Mario Iceta, desmiente los hechos en los que se fundamenta la denuncia de las exmonjas cismáticas

Redacción BurgosNoticias 
07/05/2025 - 14:15h.

Ante la comparecencia en el día de hoy del Arzobispo de Burgos, Mario Iceta, Comisario Pontificio para los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Briviesca, la Oficina del Comisario Pontificio desea realizar las siguientes manifestaciones:

Respecto a la declaración del día de hoy

1. El Comisario Pontificio ha sido citado como consecuencia de la denuncia interpuesta contra él en el mes de julio de 2024 por algunas exreligiosas del Monasterio de Santa Clara de Belorado, que había sido sobreseída por el Juzgado de Briviesca.

2. Por auto de la Audiencia Provincial de Burgos de fecha 4 de marzo de 2025, se revoca el sobreseimiento por el carácter prematuro de la resolución y la falta de motivación en la decisión de sobreseer provisionalmente la causa al «no practicar diligencia instructora mínima, como pudiera ser la declaración y ofrecimiento de acciones a las denunciantes y declaración e instrucción de derechos al denunciado».

3. La declaración del Comisario Pontificio, prestada ante el órgano judicial, ha desmentido los hechos en que se fundamenta la denuncia y que aborda estos tres presuntos delitos: coacciones, administración desleal y revelación de secretos.

4. Ya en su informe de fecha 31 de octubre de 2024, el Ministerio Fiscal afirmaba expresamente que «careciendo los hechos de relevancia penal se interesa el sobreseimiento de las presentes actuaciones».

5. Respecto al presunto delito de coacciones, la actuación del Comisario Pontificio, al que compete el deber de administración, no ha implicado en ningún caso la constricción de derechos ajenos. Los pagos que se han hecho desde la Comisión Gestora (y que superan ya los 360.000 euros) no obedecen en ningún caso al propósito de que las denunciantes abandonen las propiedades que están ocupando ilícitamente. La tutela del derecho de propiedad y de posesión se está sustanciando mediante el oportuno procedimiento civil de desahucio.

6. En cuanto a la acusación de administración desleal, la denuncia es ontológicamente contradictoria. Si se considera que el Comisario Pontificio es responsable de este presunto delito, se le estaría reconociendo la condición de administrador y no podría ser, al mismo tiempo, autor de un delito de revelación de secretos y de coacciones. Se ha impedido sistemáticamente el acceso a la información económica necesaria para la administración, a pesar de lo cual se han aportado másde 360.000 euros desde la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu.

7. Por lo que se refiere al presunto delito de revelación de secretos, no se ha vulnerado la intimidad personal de ninguna de las denunciantes, a las que siempre se ha tratado con exquisito respeto. A efectos penales, se considera 'secreto' aquellos datos que afectan a la esfera íntima de la persona. Un informe de gestión económica no revela ninguna información íntima de las denunciantes, sino que es un ejercicio de transparencia exigible en toda institución eclesiástica. Respecto a otros procedimientos judiciales en curso.

8. La denuncia interpuesta contra el Comisario Pontificio forma parte de una estrategia urdida por las exreligiosas. En este sentido, además de acudira la jurisdicción penal con esta denuncia, han iniciado procedimientos en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa en las que alegan la vulneración de derechos fundamentales.